La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (Cicop) nuevamente le reclamó al Gobierno bonaerense que implemente licencias para los trabajadores de la primera línea que son grupo de riesgo. A su vez, recordaron que todavía no fueron convocados a discutir aumento salarial para el personal.
A través de un comunicado, explicaron que “nos encontramos atravesando las peores circunstancias desde el inicio de la pandemia” y que los “más de 10.000 trabajadores sanitarios infectados y 48 muertos por coronavirus en la provincia de Buenos Aires constituyen una situación muy angustiante”.
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“Como venimos planteando desde el inicio de la emergencia sanitaria, el personal que se encuentra dentro de los grupos de riesgo no debiera estar en relación directa con la atención. El derecho que tiene el resto de los trabajadores estatales a no hacer tarea presencial a partir del decreto respectivo también debiera aplicarse para Salud”, indicaron.
Asimismo, dieron a conocer que “la inmensa mayoría de los trabajadores que fallecieron en esta etapa tenían comorbilidades que lxs hacían susceptibles de enfermar gravemente”.
Luego, señalaron que “tampoco fue atendido el pedido de licencias para progenitores con hijos a cargo, discriminando a los trabajadores de la Salud y vulnerando los derechos de los niños a ser cuidados adecuadamente en tiempos del prolongado receso escolar”.
Más adelante, rechazaron la “no convocatoria paritaria para discutir salarios y condiciones laborales” y aseguraron que “provoca en los profesionales de la Salud un importante malestar”. “No haber cumplido con el acuerdo alcanzado en abril, que definía un nuevo llamado para el mes de junio, es un muy mal precedente para el futuro inmediato”, agregaron.
En ese aspecto, manifestaron que “no alcanza con la explicitación de la falta de recursos financieros. La cuestión depende, sobre todo, de las decisiones políticas que se impulsen. Venimos sosteniendo que es preocupante que pareciera haber quedado en el olvido la idea de avanzar en gravar las grandes riquezas y las rentas”.
“También que se vuelva a perder una valiosa oportunidad de investigar los destinos de los fondos que provienen de los acreedores externos, garantizando una definición y un cronograma de pagos que lo avala. Y la necesidad de discutir un esquema tributario que afecta más significativamente a quienes menos tienen. De allí debieran provenir los recursos para vigorizar las políticas públicas y las áreas sociales”, concluyeron,
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