El último 3 de septiembre, en un segmento de La Cornisa por LN+, conducido por Luis Majul, su columnista Luis Gasulla presentó como “investigación” una supuesta compra “excesiva” de cámaras de seguridad por parte del gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.
Durante varios minutos, el programa detalló precios, comparó con cotizaciones de mercado y dejó flotando la posibilidad de corrupción, intentando asociar la situación con escándalos como los de la ANDIS y la hermana del presidente Milei.
Según “el informe”, las cámaras 4K PXW Z90 y PXW Z2000 costaban entre 28 y 34 millones de pesos por unidad, con un total de casi 315 millones por diez unidades. El segmento planteaba que estos precios eran exorbitantes y sugería que el gasto público estaba siendo derrochado, generando desconfianza sobre la gestión de Kicillof.
La respuesta que desarma la operación
Sin embargo, el trabajo periodístico de Infocielo, a través de Albino Aguirre y La Cielo 103.5 de La Plata, demostró lo contrario. La comunicación se realizó directamente con las autoridades provinciales y se obtuvo el documento oficial de la licitación (Privada Nº 1/25, Expediente EX-2024-29589502-GDEBA-DDPRYMGEMSGP).
En él se especifica claramente que:
La oferta presentada por TE FITI S.A. cumplía con las especificaciones técnicas requeridas.
El valor económico propuesto excedía los márgenes razonables de precios.
La Comisión Evaluadora recomendó rechazar la oferta por precio elevado, declarando fracasada la licitación.
Esto significa que, lejos de concretarse la compra, la provincia rechazó los presupuestos por considerarlos demasiado caros. La “investigación” de Majul y Gasulla omitió este dato clave, presentando la situación como un posible escándalo de corrupción o al menos de dilapidación de fondos públicos.
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La construcción de la sospecha
El segmento de LN+ buscó sembrar dudas sobre el manejo de fondos públicos, mezclando información técnica con comentarios especulativos sobre posibles retornos o prácticas cuestionables.
El ladero de Majul, Gasulla, repetía insistentemente comparaciones con precios de mercado, mientras dejaba en el aire insinuaciones sobre un mal manejo que nunca ocurrió.
Tal estrategia mediática coincide con la línea de otros casos recientes donde la oposición busca generar percepción de corrupción, incluso sin sustento legal ni administrativo.
En este caso, la omisión del rechazo oficial permitió que la audiencia quedara con la sensación de que Kicillof había gastado indebidamente, a pesar de que los hechos documentados indican lo contrario.
La importancia de chequear (si hay honestidad)
El caso subraya un principio básico del periodismo: la verificación de información antes de darla por cierta. Albino Aguirre, desde su programa de radio, se tomó el trabajo de chequear documentos oficiales, conversar con autoridades y difundir el resultado real: no hubo compra, no hubo sobreprecio y no hubo corrupción.
Este contraste entre la difusión televisiva y la investigación radiofónica deja al descubierto cómo ciertos programas de alcance nacional pueden manipular la percepción pública, mientras que el trabajo riguroso, aunque quizás más limitado en alcance, ofrece claridad y contexto.
Operación fallida
Lo que Majul y su adláter presentaron como un “claro caso de sospecha de sobreprecios” terminó siendo una operación mediática de patas cortas.
La Provincia de Buenos Aires actuó correctamente, rechazando las ofertas que consideró excesivas, y la evidencia oficial deja en claro que no hubo malversación de fondos.
A pesar de esto, el daño a la percepción pública ya estaba sembrado: quienes solo consumen televisión de Buenos Aires pueden quedar con la impresión de irregularidades.
Sin descargo ni disculpas de los conductores, la operación mediática cumple parcialmente su objetivo: ensuciar reputaciones y generar dudas sobre la gestión del peronismo de cara a elecciones futuras. Gasulla lo aclaró en un tuit personal pero no pidió disculpas (aún) por TV.
En definitiva, un ejemplo de cómo se construyen narrativas antes de chequear hechos (u omitiendo adrede esa verificación), y cómo la información comprobable puede desarmarlas, aunque llegue a un público casi exclusivamente bonaerense.
