Después de treinta años de funcionar con el más bajo perfil, en el Tribunal de Cuentas de la Provincia llegó el tiempo de la rosca. La llegada de cuatro nuevos vocales, en reemplazo de otros –fallecidos y jubilados-, nombrados en el marco de negociaciones políticas entre oficialismo y oposición, empieza a generar cambios reales.
Según confirmó INFOCIELO a partir de distintas fuentes, mañana mismo se debatirá un polémico cambio de estructura en las áreas de secretarías y direcciones generales. El signo del cambio es negativo para el histórico presidente, Eduardo Benjamín Grinberg, y positivo para los vocales que asumieron hace pocos meses.
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Ellos son Gustavo Diez y Ariel Pietronave, que supervisan las cuentas del Ejecutivo provincial y fueron nominados por Cambiemos, y Juan Pablo Peredo junto a Daniel Chillo, que se ocupan de las municipalidades y responden respectivamente al peronismo y al Frente Renovador.
Hoy, el Tribunal tiene una estructura de seis secretarías, de las cuales tres dependen del “cuerpo” –Auditoría financiera, Consultas y dictámenes, actuaciones y procedimiento- y otras tres del Presidente –Relaciones institucionales, Modernización y fortalecimiento institucional, Administración y recursos humanos.
En el nuevo esquema, Modernización pasaría a depender del cuerpo, junto a las dos direcciones generales –de Análisis técnicos y de Coordinación de delegaciones-, pasarían a depender del cuerpo. Grinberg, en marcada minoría, deberá entonces abrir la caja de Pandora: es harto conocido que hay una larga nómina de familiares y amigos entre quienes allí se desempeñan, empezando por su propio hijo, Ignacio, en Relaciones Institucionales.
En lo político, las secretarías tienen una función complementaria a la de las vocalías y el control de esas instancias garantiza el acceso privilegiado a información sensible. Además del cambio de mando de las existentes, se volvería abrir la Secretaría Jurídica, que fue discontinuada por iniciativa de Grinberg y que tiene incidencia directa sobre sumarios de responsabilidad patrimonial, por ejemplo.
Algunas versiones dan cuenta de que manera complementaria se provocarían cambios en los requisitos para acceder a los cargos en disputa. Hoy, están reservados para funcionarios de carrera del Tribunal, pero en el futuro alcanzará con tener título habilitante, como contador o abogado. Esto “politiza” los cargos y abre a la negociación y a la rosca las designaciones, y, sin duda, traerá polémicas.
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