El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas resolvió convocar a un paro general con movilización el día en que el Senado trate la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Además, el espacio sindical analiza anticipar medidas de fuerza durante los primeros días de febrero en aquellas provincias cuyos gobernadores acompañen el proyecto del oficialismo.
La definición surgió tras una extensa reunión realizada en el Hotel Héctor Quagliaro, donde se debatió la estrategia a seguir frente a una iniciativa que, según advirtieron, implica un retroceso significativo en materia de derechos laborales. En ese marco, los sindicatos adelantaron que llevarán esta postura a un encuentro con organizaciones de la CGT que se realizará este miércoles en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), con el objetivo de ampliar la convocatoria.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que una huelga general el día del debate legislativo “es absolutamente necesaria”, aunque remarcó que no puede tratarse de una acción aislada. En ese sentido, planteó la necesidad de construir un plan de lucha previo que incluya protestas y movilizaciones antes de que el proyecto llegue al recinto del Senado.
El dirigente también apuntó contra los gobernadores que respaldan la iniciativa del Gobierno de Javier Milei y los ubicó como actores centrales en el avance de la reforma. Al referirse a las reuniones que mantuvo el ministro del Interior, Diego Santilli, con autoridades provinciales, Aguiar señaló que esas gestiones evidencian que el Ejecutivo nacional necesita del acompañamiento de los mandatarios para avanzar con la legislación.
Desde el espacio gremial alertaron que la reforma busca debilitar la protección de los trabajadores y ampliar el poder de los empleadores, con consecuencias que, advirtieron, “no pueden terminar en nada bueno”. Además, remarcaron que, a diferencia de lo que sostiene el Gobierno, el proyecto sí impacta sobre el sector público, ya que numerosos organismos estatales se rigen total o parcialmente por la Ley de Contrato de Trabajo que se pretende modificar.
Entre ellos mencionaron dependencias como PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, la DGI, la Dirección General de Aduanas, el Hospital Garrahan, Intercargo, Belgrano Cargas y distintos entes y empresas públicas. También cuestionaron la modificación de la figura del monotributo, al considerar que podría profundizar situaciones de fraude laboral en el Estado, y el cambio de competencia judicial que trasladaría los conflictos laborales del ámbito de la Justicia del Trabajo al fuero Contencioso Administrativo.
