El presidente de la AFA y titular de la CEAMSE, Claudio “Chiqui” Tapia, presentó una denuncia penal en la que aseguró haber sido víctima de una maniobra de extorsión atribuida al empresario Leandro Camani, conocido como “el rey de las fotomultas”, con la participación de dirigentes políticos de la Coalición Cívica.
Según consta en la presentación judicial, Tapia sostuvo que las denuncias impulsadas en su contra por los dirigentes Matías Yofe y Facundo del Gaiso carecen de sustento y habrían sido “plantadas” por Camani como parte de un plan de presión y venganza. Siempre de acuerdo al escrito, el empresario habría pagado tanto a los denunciantes como a testigos para sostener las acusaciones ante la Justicia.
Tapia afirmó que el trasfondo del conflicto se vincula con su negativa a habilitar la expansión del negocio de las fotomultas en predios administrados por la CEAMSE. “Me negué de manera expresa y categórica a autorizar tanto la instalación de nuevas cámaras como el recambio de las existentes, manteniendo una decisión firme”, explicó el titular de la AFA en su presentación.
De acuerdo con la denuncia, tras esa negativa Camani habría activado una serie de denuncias penales y exposiciones mediáticas como mecanismo de presión. La extorsión, según Tapia, fue directa: o se habilitaba el negocio de las fotomultas, o se avanzarían con presentaciones judiciales en su contra.
El abogado del dirigente deportivo, Gregorio Dalbón, sostuvo que Tapia puso los hechos en conocimiento de la Justicia “aportando cronología, contexto y solicitando medidas de prueba concretas”. “Cuando el presidente de la AFA es extorsionado, no hay tapa”, señaló el letrado, antes de calificar a Camani como “un conocido operador del negocio de las fotomultas, que durante años habría utilizado denuncias y exposición mediática como método de presión”.
En la causa también aparece mencionado el vínculo entre Camani y Matías Yofe, denunciante en el expediente por presuntos negocios irregulares vinculados a la VTV provincial. En ese marco, el periodista Claudio Ponce de León declaró ante el fiscal que “el dinero se lo daba Camani para conseguir las declaraciones en contra de Claudia Pombo y Jorge D’Onofrio”. Como derivación de ese expediente, D’Onofrio renunció a su cargo como ministro de Transporte bonaerense.
Tapia aseguró además contar con “testigos directos” que solicitaron declarar bajo reserva de identidad por temor a represalias. Según la denuncia, esos testimonios permitirían reconstruir toda la secuencia: el pedido para instalar cámaras, la negativa del funcionario, las amenazas de denuncias penales y finalmente las presentaciones judiciales con testimonios presuntamente pagos.
La denuncia también repasa otras acciones atribuidas al empresario que, según el escrito, “revelan un patrón reiterado: denuncias penales, exposición mediática y presión pública para forzar decisiones administrativas y consolidar el control de uno de los negocios más rentables del país, el sistema de fotomultas”.
Por último, la presentación judicial solicitó allanamientos en los domicilios particulares y en las oficinas de Camani, así como en los de los denunciantes que, según Tapia, ejecutaron las amenazas contra el dirigente del fútbol argentino.
