La sesión convocada para este jueves en el Senado para tratar la polémica reforma de la Ley de Tierras volvió a quedar envuelta en incertidumbre. Horas después de que la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunciara un acuerdo con el PRO, parte de la UCR y partidos provinciales para avanzar con el proyecto, comenzaron a surgir nuevas señales de rechazo desde provincias cuyos votos el oficialismo considera clave.
La propia Bullrich confirmó en conferencia de prensa que el Gobierno modificó el proyecto original y que la nueva versión elevará del 15% al 25% el límite para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel provincial.
“Hay un límite del 25% para la compra de tierras por extranjeros”, afirmó la senadora, quien defendió la iniciativa y rechazó los cuestionamientos sobre una eventual pérdida de soberanía.
“Es ridículo pensar que si un extranjero compra dos fábricas se está llevando parte de la soberanía argentina. La propiedad cambia de dueño; la soberanía no. La soberanía es la capacidad y la fortaleza del Estado de hacer cumplir la ley”, sostuvo.
Bullrich también aseguró que el proyecto incorpora nuevas restricciones para impedir la compra de tierras por parte de Estados extranjeros y exigirá autorizaciones especiales para empresas con participación estatal extranjera y operaciones en zonas de frontera.
Sin embargo, el intento del oficialismo por mostrar un acuerdo político comenzó a encontrar rápidamente nuevos obstáculos.
Jaldo confirmó que dos senadoras tucumanas rechazarán el proyecto
Uno de los primeros en poner en duda la fortaleza de los apoyos fue el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
El mandatario reveló que conversó con las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza y aseguró que ambas mantienen su decisión de votar en contra de la iniciativa.
“He conversado con las dos senadoras nacionales y he visto que las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley y son personas que no cambian de posición”, afirmó en declaraciones de este miércoles.
Jaldo agregó que, por la información que maneja, ambas legisladoras “estaban decididas a no acompañar ese proyecto de extranjerización de las tierras argentinas”.
“La gente puede venir a invertir; lo que no se puede venir es a apropiar de nuestras tierras”, remarcó.
Neuquén también marcó distancia
La situación también se tensó en Neuquén. Durante la conferencia de prensa, Bullrich había incluido al espacio provincial La Neuquinidad entre los bloques que acompañarían el tratamiento del proyecto.
Pero pocas horas después el gobernador Rolando Figueroa ratificó públicamente su rechazo a la reforma y dejó expuesta una diferencia con la estrategia parlamentaria del oficialismo.
“Así como enviamos a la Legislatura un proyecto para que las tierras de nuestra provincia sean para argentinos, queremos ratificar una decisión que tomamos en Neuquén. No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”, sostuvo.
La postura fue respaldada por la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, una de las dirigentes más cercanas al mandatario neuquino.
Las declaraciones contradicen el escenario de consenso que Bullrich intentó mostrar horas antes y vuelven a poner bajo la lupa el verdadero nivel de respaldo con el que cuenta el proyecto.
La sesión empieza a tambalear
Con este escenario, la votación aparece mucho más ajustada de lo que el oficialismo buscó transmitir tras la conferencia de prensa.
A las diferencias expresadas por gobernadores y legisladores se suma el visto bueno que dio la titular del Senado, Victoria Villarruel, al pedido de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti a votar por Zoom, aunque deberá ser ratificado por el recinto, lo que en caso positivo sumaría un nuevo voto favorable a la oposición.
A ese cuadro se suma la situación de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene diferencias abiertas con Javier Milei y ya manifestó su rechazo al proyecto. El presidente adelantó su viaje al exterior para que al titular del Senado no pueda presidir la sesión y eventualmente no pueda desempatar.
La situación genera incluso una comparación política inevitable con el episodio protagonizado por Julio Cobos durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando su voto como vicepresidente definió el rechazo de la Resolución 125. Pero incluso hay dudas técnicas y legales sobre si su eventual reemplazante, Bartolomé Abdala, puede utilizar o no el mecanismo del voto doble
Según fuentes paralmentarias y ante tantas complejidades, algunos sectores aliados e incluso dirigentes de La Libertad Avanza comenzaron a plantear en las últimas horas la conveniencia de no abrir la sesión si el oficialismo no logra garantizar previamente los votos necesarios para aprobar la iniciativa.
La evaluación es que una derrota parlamentaria en uno de los proyectos impulsados por el Gobierno podría profundizar el conflicto político y potenciar el rechazo social que ya expresaron gobernadores, organizaciones sociales, gremiales y distintos sectores políticos.
En ese contexto, algunos legisladores no descartan volver a postergar el tratamiento para evitar un revés en el recinto.
El proyecto que divide aguas
La iniciativa llega al Senado luego de varias modificaciones respecto del texto original impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Entre los principales cambios, mantiene un límite del 25% para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel provincial, incorpora la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras y establece controles específicos para empresas con participación estatal extranjera y determinadas operaciones en zonas de frontera.
Sin embargo, conserva otro de los puntos que más resistencia genera: elimina los límites departamentales previstos en la legislación vigente, un aspecto cuestionado por gobernadores y funcionarios provinciales que consideran que podría facilitar una mayor concentración de tierras en zonas estratégicas sin superar el tope provincial.
Ese fue uno de los ejes planteados por la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, quien advirtió que el verdadero cambio del proyecto no está solamente en elevar el límite al 25%, sino en eliminar los controles territoriales que actualmente funcionan a nivel departamental.
A menos de 24 horas del debate, el Gobierno enfrenta un escenario mucho más complejo que el que intentó mostrar tras la conferencia de Patricia Bullrich. Las diferencias expresadas por gobernadores aliados, la incertidumbre sobre el número final de votos y el creciente rechazo político y social al proyecto alimentan las dudas sobre si el Senado finalmente sesionará este jueves o si el oficialismo volverá a ganar tiempo para intentar reconstruir una mayoría.
