La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó este martes los principales cambios de la nueva Ley de Tierras y anunció un acuerdo con sectores del PRO, la UCR y partidos provinciales para llevar el proyecto al recinto este jueves.
La exministra de Seguridad ratificó uno de los puntos más discutidos del borrador: eleva del 15% al 25% el límite para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel provincial pero sectores opositores lo tildan de “trampa”.
La confirmación llegó después de semanas de negociaciones y múltiples versiones del proyecto, que ya cuenta con media sanción de Diputados. Sin embargo, el entendimiento no garantiza una votación holgada: en la Cámara alta se prevé una definición cerrada y cada voto puede resultar determinante para el oficialismo.
Bullrich destacó que el nuevo texto incorpora restricciones que, según sostuvo, buscan evitar que la reforma pueda derivar en una pérdida de soberanía sobre territorios o recursos estratégicos.
Bullrich defendió el 25% y cuestionó el concepto de soberanía
Durante la conferencia de prensa, Bullrich confirmó que el proyecto establecerá un “límite de 25% de la compra de tierras a extranjeros”, frente al 15% que contempla actualmente la legislación.
La senadora rechazó además los cuestionamientos que vinculan la adquisición de tierras por extranjeros con una pérdida automática de soberanía. “Es ridículo pensar que si un extranjero compra dos fábricas se está llevando parte de la soberanía argentina”, sostuvo, y diferenció la propiedad privada de la capacidad del Estado para ejercer soberanía.
Según su argumento, que una propiedad cambie de dueño no implica que el territorio deje de estar bajo jurisdicción argentina. “La soberanía es la capacidad y la fortaleza del Estado de hacer cumplir la ley”, afirmó.
La propiedad es la que cambia de dueño la soberanía no, advirtió
Bullrich puso como ejemplos a Uruguay y Paraguay, donde, según planteó, la llegada de capitales argentinos permitió incrementar inversiones y productividad. También mencionó a la bodega Chandon, instalada en Mendoza desde hace más de seis décadas, para cuestionar la idea de que una inversión extranjera implique que el país de origen del capital pase a tener soberanía sobre el territorio.
Qué dice el oficialismo sobre el agua y los recursos naturales
La titular del bloque oficialista también buscó responder a uno de los principales argumentos de quienes rechazan la iniciativa: la posibilidad de que la flexibilización de la compra de tierras afecte el control sobre el agua y otros recursos naturales.
Bullrich sostuvo que los recursos naturales pertenecen al dominio de las provincias y que son ellas las que deciden sobre su destino en el marco de la Constitución Nacional.
Al mismo tiempo, destacó que el proyecto incorpora prohibiciones que, según el Gobierno, buscan evitar que determinados actores extranjeros puedan adquirir posiciones estratégicas.
Entre ellas, mencionó que los Estados extranjeros no podrán comprar tierras rurales y que se busca impedir la instalación de estructuras que puedan representar una amenaza a la seguridad nacional.
También confirmó que las personas jurídicas con participación estatal extranjera deberán contar con autorización conjunta de la Nación y las provincias para determinadas operaciones.
La Nación, explicó, mantendrá además competencias específicas sobre las zonas de frontera y aquellos espacios considerados estratégicos desde el punto de vista de la seguridad nacional.
El límite departamental, otra de las claves
La discusión sobre el 25% no se agota en el porcentaje. Tal como había advertido la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, uno de los puntos sensibles del proyecto es la eliminación de las restricciones que operaban a escala departamental.
El régimen vigente establece límites a la adquisición extranjera en diferentes escalas territoriales. El nuevo texto mantiene el techo provincial del 25%, pero elimina el límite departamental.
La modificación es relevante porque una provincia puede permanecer por debajo del 25% de tierras en manos extranjeras y, al mismo tiempo, registrar una concentración mucho mayor en determinados departamentos donde se concentren tierras productivas o recursos estratégicos.
Ese es el argumento utilizado por los sectores que cuestionan la reforma: el porcentaje provincial puede funcionar como un techo general, pero no necesariamente impediría una concentración territorial mucho más elevada en zonas específicas.
El Senado, voto a voto
Con el acuerdo anunciado por Bullrich con el PRO, la UCR y partidos provinciales, el oficialismo busca garantizar el tratamiento del proyecto este miércoles. Sin embargo, el escenario sigue siendo ajustado y la votación se encamina a una definición cerrada por votos en duda en algunos legisladores aliados.
En la oposición también se abrió una controversia alrededor de la posibilidad de que Anabel Fernández Sagasti ,una senadora cercana a Cristina Kirchner no concurra al recinto para evitar participar de la sesión en la que se discutirá la Ley de Tierras ( planteó que es posible que no pueda participar, debido a que cursa 32 semanas de embarazo y por indicación médica no puede viajar desde Mendoza a Buenos Aires y pidió que la autoricen su voto de manera remota)
La ausencia generó cuestionamientos internos y polémica política, mientras todavía no está definido si podrá participar de manera virtual y, fundamentalmente, si esa modalidad sería válida para una votación de estas características.
El dato adquiere relevancia por el margen estrecho con el que se espera que se desarrolle la sesión. En un escenario de paridad, una sola ausencia puede modificar el resultado.
A ese cuadro se suma la situación de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene fuertes diferencias con el Gobierno y ya había anticipado su discrepancia con el proyecto. Ante un eventual empate que la haga desempatar, Javier Milei adelantó su viaje al exterior lo que le impediría conducir la sesión.
La maniobra busca evitar una comparación política inevitable con el episodio protagonizado por Julio Cobos durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando su voto como vicepresidente definió el rechazo de la Resolución 125.
Un acuerdo que todavía no garantiza la ley
El oficialismo logró así una foto política con sectores del PRO, la UCR y partidos provinciales y Bullrich confirmó que el texto llegará al recinto con modificaciones respecto del régimen vigente.
Pero el acuerdo parlamentario no elimina la incertidumbre sobre el resultado. La oposición mantiene su rechazo a distintos puntos de la iniciativa y la discusión sobre el límite del 25%, la eliminación del tope departamental y las condiciones para la adquisición extranjera de tierras rurales continúa abierta.
El Gobierno buscará ahora transformar el acuerdo político en una mayoría efectiva en el recinto. Con una votación que se prevé cerrada, las ausencias, la modalidad de voto y hasta la eventual necesidad de un desempate pueden terminar siendo tan importantes como el contenido del proyecto.
