El impactante testimonio del contratista Matías Tabar con el que aseguró que el jefe de gabinete Manuel Adorni gastó 245.000 dólares en refaccionar su casa de fin de semana en el country Indio Cuá aceleró las acciones judiciales en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.
Ese miércoles se conoció la decisión del juez federal, Ariel Lijo, de levantar el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa ante la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA).
La medida de prueba fue solicitada por el fiscal federal, Gerardo Pollicita, como una de las medidas de prueba para constatar si hubo inconsistencias en la evolución patrimonial del matrimonio entre Manuel Adorni y Bettina Angeletti.
Fuentes del organismo bonaerense consultadas por Infocielo indicaron que el pedido solo alcanza a la casa del country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz y no al departamento que el funcionario de Javier Milei tiene en La Plata, como hicieron trascender algunos medios porteños.
Negaron el pedido de Marcela Pagano para detener a Adorni
En tanto, se conoció que el fiscal Pollicita desestimó el pedido de la diputada Marcela Pagano para detener en forma inmediata a Manuel Adorni.
Para la fiscalía no existen los “extremos necesarios” que ameritan este tipo de medidas de coerción como fuga o entorpecimiento.
Pese a ello el representante del Ministerio Público Fiscal sí analizará la opción de solicitar otras medidas cautelares, como prohibirle el contacto con determinados testigos, luego que trascendiera un supuesto llamado al contratista Tabar para ofrecerle asesoramiento legal.
En paralelo, la Justicia comenzará a peritar el celular que el contratista dejó en manos de las justicia en donde estarían los mensajes que a través de distintas plataformas mantuvo con Manuel Adorni y Bettina Angeletti.
El patrimonio de Adorni en la mira
La propiedad ubicada en el Golf Club de Exaltación de la Cruz figura a nombre de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, y es uno de los inmuebles que investiga la justicia tras la denuncia penal de la diputada Marcela Pagano.
Otra de las propiedades que investiga la justicia es la adquisión del departamento en el barrio de Caballito con una polémica financiación del USD 200 mil otorgada por dos jubiladas.
En ambas adquisiciones existen dudas de la justicia sobre el origen de los fondos, el rol de las prestamistas y el valor real de la compra.
