Al tiempo que la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA) señalara la situación crítica que vive el sector golpeado de llen por una sequía histórica, desde Juntos en la Provincia le exigen al gobernador Axel Kicillof que aplique más medidas de auxilio a los ruralistas.
“Especialmente a aquellos políticos que dicen defender el campo y seguramente este año nos van a pedir el voto, que hagan algo y ayuden al sector con medidas de urgencia, como condonar deudas impositivas”, pidieron desde la entidad, al tiempo que advirtieron que “si no se hace algo urgente, la sequía nos dejará sin carne y leche, ya que el ganado no tendrá qué comer. Y a eso hay que sumarle la falta de granos para criar pollos y cerdos”.
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En el Senado, la titular de la comisión de Asuntos Agrarios y Pesca, Érica Revilla puso el foco en que “se perdieron 80 mil hectáreas de maíz temprano y hay más de 3 millones de hectáreas con soja de primera calidad en malas condiciones”.
Por eso presentó una iniciativa manifestando preocupación por la crisis que está atravesando el sector agropecuario producto de las extremas sequías que afectan a extensas superficies de la provincia de Buenos Aires.
La senadora por la Cuarta Sección electoral pidió que tanto el Gobierno provincial como el nacional adopten las medidas necesarias y de manera urgente para apoyar y acompañar a los productores afectados.
Revilla sostuvo que “el panorama en la región es gravísimo” y que “desde octubre hasta la actualidad la situación se ha complejizado”.
“Hemos solicitado al Ejecutivo provincial que declare la Emergencia Agropecuaria en las zonas más afectadas. Pero el oficialismo, una vez más, le da la espalda al trabajo, a la productividad y al desarrollo de nuestra Provincia”, disparó.
El Gobierno bonaerense ya declaró la emergencia agropecuaria en una variedad de municipios que fueron severamente golpeados por el impacto de las condiciones climáticas, lo que implica ciertos beneficios impositivos para el sector.
De acuerdo a la normativa, los beneficios que tendrán serán “la exención de pago del impuesto Inmobiliario Rural, correspondiente al inmueble destinado al desarrollo de la actividad citada, en proporción al porcentaje de la afectación de la explotación agropecuaria alcanzada por la declaración de Desastre Agropecuario”.
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