La discusión por el reparto de los fondos del endeudamiento bonaerense sumó este jueves un nuevo capítulo en la Legislatura. La cita fue a las 11 en la sala 30. Intendentes de distintos espacios políticos desembarcaron en la Cámara de Diputados para reiterar el reclamo por la libre disponibilidad de los recursos contemplados en el Presupuesto 2026, en medio de la fuerte caída de la recaudación y de las transferencias nacionales.
La reunión se dio luego de semanas de tensión entre los municipios y el gobierno de Axel Kicillof por el esquema de distribución conocido como “70-30”, que establece que una parte de los fondos pueda utilizarse libremente y otra quede atada a programas específicos vinculados a infraestructura, transporte, cultura y ambiente.
El planteo de los intendentes apunta a que la totalidad de los recursos pueda destinarse a gastos corrientes, principalmente para afrontar salarios, prestación de servicios y funcionamiento básico de los municipios, golpeados por la caída de ingresos propios y la retracción económica.
La movida reunió a jefes comunales del radicalismo, el PRO y también del peronismo, varios de ellos nucleados en el Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo (FRICDE). Según pudo reconstruir INFOCIELO, durante el encuentro hubo coincidencias respecto de que la situación financiera de los municipios se agravó en las últimas semanas y que los fondos afectados a obras hoy resultan insuficientes para atender la coyuntura. Los intendentes entregaron un petitorio firmado por más de 70 jefes comunales.
Participaron los intendentes Maximiliano Suescun, de Rauch (UCR); Javier Gastón, de Chascomús (FP); y Franco Flexas, de General Viamonte (UCR), quienes fueron recibidos por el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, junto al vicepresidente Alexis Guerrera, Rubén Eslaiman, Juan Pablo de Jesús, Diego Garciarena y Alejandro Rabinovich, integrantes de la comisión bicameral encargada del seguimiento del fondo destinado a los municipios. Si bien dicen que la reunión fue amena, los jefes comunales no se llevaron grandes noticias, pero si promesas de tratar de acomodar los números.
“Si bien ellos (los legisladores) saben como estamos en los distritos, nos explicaron cómo fue que se llegó a esta situación. Nos vamos con una lucecita de esperanza, puede haber novedades, pero hasta que no las haya no queremos festejar”, afirmó un participante de la reunión.
La discusión de fondo pasa por quién administra el 30% de los recursos que quedaron ligados a programas específicos tras la reglamentación impulsada por el Ejecutivo bonaerense. Desde el entorno de Kicillof remarcan que esos fondos deben destinarse exclusivamente a obras y políticas puntuales, mientras que los intendentes insisten en flexibilizar el esquema ante la emergencia financiera que atraviesan los distritos.
En paralelo, legisladores de la oposición avanzan en la redacción de un proyecto para modificar el esquema vigente y habilitar que los municipios puedan utilizar libremente esos recursos. La iniciativa comenzó a tomar fuerza luego de que varios intendentes radicales y del PRO presionaran públicamente para revisar la reglamentación del fondo.
Por ahora no hubo definiciones concretas ni señales de un acuerdo cercano. En los municipios reconocen que esperan una respuesta política de la Provincia y admiten que el conflicto por los fondos recién empieza.
EL EJECUTIVO ENDURECE EL CONTROL SOBRE LOS FONDOS
En medio de la presión creciente de losintendentes para contar con fondos de libre disponibilidad, el gobierno bonaerense avanzó con una reglamentación que endurece los controles para acceder a recursos destinados a obras públicas. La medida fue oficializada por el Ministerio de Infraestructura que conduce Gabriel Katopodis y establece nuevas exigencias administrativas, técnicas y financieras para que los municipios puedan recibir desembolsos vinculados al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal.
Entre los nuevos requisitos, los municipios deberán presentar memorias descriptivas, planos, presupuestos detallados y documentación que acredite la titularidad de los predios donde se ejecutarán las obras. Además, la Provincia se reservó la facultad de auditar costos, verificar avances físicos y frenar transferencias en caso de inconsistencias o incumplimientos. Incluso, la normativa prevé la intervención del Tribunal de Cuentas y la suspensión de futuros proyectos para las comunas que no rindan correctamente los fondos.
La decisión se conoce en paralelo al reclamo de intendentes de distintos espacios políticos que buscan que el 100% de los recursos provenientes del endeudamiento puedan utilizarse sin restricciones.
