A través de una carta, los presidentes de las cuatro entidades agropecuarias manifestaron su “profunda preocupación” por la posibilidad de veto a la ley. También consideraron que el beneficio otorgado a algunas zonas de la provincia de Buenos Aires por la sequía “debiera extenderse a todas las zonas que sufren ésta inclemencia climática, como gesto de comprensión a que los impuestos deben ser equitativos, principio fundamental del derecho tributario”.
“Le solicitamos que su análisis sea amplio, constructivo y equitativo hacia miles de ciudadanos que en forma directa o indirecta viven en el interior del país, y que contribuyen a la generación de riquezas como requisito esencial de la consecuente redistribución”, expresaron.
En la misiva, los dirigentes rurales pidieron a la mandataria que “evalúe el mínimo impacto económico que tendría promulgar la norma en cuestión” que sería una “favorable señal política” de “cara al futuro”.
La Mesa de Enlace puntualizó que “no puede dudarse la clara intención de los Diputados y Senadores de la Nación al votar el artículo cuarto de la Ley, de morigerar el impacto de la imposición más regresiva ante la peor emergencia climática de los últimos 100 años y que todavía subsiste en muchas zonas del país”.
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