La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley que busca modificar la normativa vigente en la provincia de Buenos Aires, eliminando la restricción horaria para la venta de bebidas alcohólicas. Esta iniciativa, que plantea una revisión a la Ley 11.825, se inscribe en el marco del plan de gobierno del espacio libertario, enfocado en ampliar las libertades individuales y económicas.
El proyecto, que lleva la firma del presidente del bloque Agustín Romo, apunta a eliminar lo que considera una “restricción desproporcionada e injustificada”. Según Romo, “la limitación horaria carece de fundamentos sólidos, razonabilidad normativa y evidencia empírica que demuestre que haya contribuido significativamente a mejorar la seguridad o el bienestar de la población”.
Los argumentos detrás del polémico proyecto de ley
El legislador también cuestionó la lógica interna de la normativa vigente, señalando que “la actual redacción de la ley resulta contradictoria e ilógica. Por ejemplo, ¿qué diferencia sustancial justifica que el horario de venta sea aún más restrictivo a partir del 30 de abril respecto al 1 de mayo? Esta disposición no presenta una razón clara ni probada que explique tal diferenciación, ni ha demostrado generar mejoras tangibles en la problemática que se pretende abordar”.
Además, Romo remarcó que las restricciones horarias no abordan eficazmente los problemas vinculados al consumo de alcohol. “Es importante destacar que la normativa no evita que una persona con problemas de adicción acceda al alcohol, ya que dicho consumo puede ocurrir en cualquier horario y lugar. Las restricciones tampoco impiden que una persona acceda a bebidas alcohólicas después de las 21 horas, ya sea porque las adquirió previamente, las consume en un bar o por otros medios. Por lo tanto, estas limitaciones resultan ineficaces para abordar el problema de fondo”, afirmó.
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En su argumentación, el diputado recordó que ya existe una normativa nacional, la Ley 24.788, que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. En este sentido, sostuvo que “si el espíritu de la normativa provincial es prevenir problemas asociados al consumo de alcohol, el camino elegido no es ni el más adecuado ni el más efectivo”.
Finalmente, Romo destacó el impacto económico de la restricción sobre los comerciantes, especialmente aquellos que dependen exclusivamente de la venta de bebidas alcohólicas. “Esta ley afecta de manera injustificada a los comerciantes bonaerenses, constituyendo una restricción irrazonable al derecho al trabajo y a la libertad económica garantizada constitucionalmente”. Y concluyó: “La regulación excesiva no fomenta una sociedad más segura ni más responsable; por el contrario, limita derechos sin aportar soluciones reales”.
