Pese al avance del proceso de privatización de AySA impulsado por el Gobierno nacional, la Justicia bonaerense resolvió poner un freno preventivo a cualquier modificación que pueda afectar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento en gran parte de la provincia de Buenos Aires. La medida alcanza a 26 municipios y busca garantizar la continuidad de inversiones, obras y controles de calidad mientras se define el futuro de la empresa.
El Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata hizo lugar a una medida cautelar de no innovar presentada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. La resolución obliga a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) a mantener sin alteraciones sus obligaciones operativas, de infraestructura y de control ambiental, impidiendo cualquier reducción de compromisos asumidos hasta el momento.
La acción judicial fue promovida por la Defensoría del Pueblo bonaerense, encabezada por Guido Lorenzino, que advirtió sobre los posibles riesgos derivados del proceso de reestructuración y privatización de la empresa. Desde el organismo señalaron que existía la posibilidad de que se produjeran recortes en inversiones, demoras en obras consideradas estratégicas o una flexibilización de los estándares de control vinculados a la calidad del agua.
Según se desprende de la presentación, el objetivo central de la medida es prevenir daños que podrían afectar tanto a los usuarios del servicio como al ambiente. En ese sentido, la Defensoría sostuvo que una eventual desregulación del sistema podría tener consecuencias sobre el recurso hídrico de la provincia y generar impactos ambientales de difícil reparación.
Preocupación por el nuevo esquema de AySA
La resolución judicial se produce en un contexto marcado por la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la privatización de AySA. En mayo de 2026 se firmó un nuevo esquema contractual y, posteriormente, el Ministerio de Economía autorizó el llamado a Licitación Pública para la venta del 90% del paquete accionario de la compañía a un operador estratégico.
Frente a ese escenario, la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por los cambios contemplados en el nuevo diseño contractual. De acuerdo con el análisis preliminar realizado por el organismo, existirían indicios de una reducción de las exigencias regulatorias y de una postergación de compromisos previamente establecidos en materia de obras e inversiones.
Con esta cautelar, la Justicia dispuso preservar el estado actual de las prestaciones mientras se analiza el fondo de la cuestión. De esta manera, los habitantes de los 26 municipios alcanzados por el servicio de AySA continuarán contando con las garantías vigentes respecto al acceso al agua potable, el saneamiento y la protección ambiental, al menos hasta que exista una definición judicial definitiva sobre los alcances del proceso de privatización.
