La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires presentó una medida cautelar ante la Justicia con el objetivo de impedir que cualquier avance en el proceso de privatización de AySA implique una reducción de las obligaciones ambientales, sanitarias y de infraestructura que actualmente tiene la empresa encargada de los servicios de agua potable y saneamiento.
La iniciativa impulsada por el organismo que conduce Guido Lorenzino surge en medio de las discusiones sobre una posible reconfiguración contractual de la compañía, un esquema que, según advirtieron desde la Defensoría, podría flexibilizar compromisos esenciales vinculados al mantenimiento de las redes, las obras de saneamiento y la remediación de daños ambientales acumulados durante años.
En la presentación judicial, el organismo alertó sobre la existencia de importantes pasivos ambientales que afectan a millones de usuarios en los 26 municipios bonaerenses donde opera AySA. Entre los principales problemas señalados figuran la contaminación derivada del deterioro estructural del sistema, la vulnerabilidad hídrica y sanitaria, el déficit histórico en la cobertura de los servicios y diversos pasivos operativos que, según remarcaron, han sido reconocidos incluso por la propia empresa.
Desde la Defensoría sostienen que una eventual privatización no puede avanzar sin garantizar previamente la identificación y resolución de estos problemas, ya que existe el riesgo de que las obligaciones de recomposición ambiental queden relegadas frente a criterios de rentabilidad económica o reducción de costos operativos.
Los argumentos contra la privatización
En ese sentido, el organismo solicitó que se suspenda la aplicación de cualquier medida administrativa, financiera u operativa que implique una disminución de los estándares ambientales vigentes o una reducción de los recursos destinados al mantenimiento, saneamiento y remediación. La cautelar apunta a evitar que las consecuencias ambientales y sanitarias terminen siendo trasladadas al Estado o directamente a la población.
“Estamos ante una decisión sumamente riesgosa e inconstitucional. El agua potable y el saneamiento son derechos humanos fundamentales y no simples bienes comerciales que se pueden ajustar por rentabilidad financiera. No podemos permitir que bajo la excusa de una privatización se transfiera una deuda ambiental millonaria al Estado o a las personas, dejando a las y los bonaerenses expuestos a la contaminación y al abandono de obras esenciales”, afirmó Lorenzino.
Además de reclamar la preservación de las obligaciones actuales de la empresa, la Defensoría pidió que se lleve adelante una auditoría externa integral de carácter científico, ambiental y sanitario. El objetivo es determinar con precisión el alcance de los pasivos ambientales y detectar los sitios contaminados acumulados por AySA antes de que se concrete cualquier modificación en su estructura societaria o en el contrato de concesión.
