La Justicia le dio un respiro al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero no necesariamente le resolvió el problema de fondo. El juez federal Daniel Rafecas decidió archivar la causa que investigaba el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a Estados Unidos en el avión presidencial, al considerar que no existió delito ni perjuicio económico para el Estado.
La resolución se apoyó en el dictamen previo de la fiscal Alejandra Mangano, quien sostuvo que la inclusión de Angeletti en la comitiva oficial se encuadró dentro de un uso “razonable” de las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo. El argumento central fue técnico: había asientos disponibles en la aeronave, no hubo erogación extraordinaria y, por lo tanto, no se configuró malversación de fondos.
El oficialismo celebró rápido. El propio Adorni apeló a una frase cargada de épica en redes sociales, mientras que el presidente Javier Milei volvió a sostenerlo en medio de un contexto adverso. En términos judiciales, el expediente quedó cerrado. En términos políticos, la historia está lejos de terminar.
Porque si algo deja expuesto este episodio es una tensión difícil de disimular: la distancia entre el discurso y la práctica. Adorni construyó su perfil público cuestionando los privilegios de la “casta”, apuntando especialmente contra los viajes, los gastos del Estado y el uso de recursos oficiales por parte de funcionarios y sus entornos. Ese mismo eje, que le sirvió para posicionarse, hoy vuelve como un boomerang.
La defensa formal (no hubo delito, no hubo gasto) puede alcanzar en Tribunales. Pero en el terreno político y simbólico, la discusión es otra. ¿Es lo mismo no cometer un delito que no incurrir en un privilegio? ¿Alcanza con que haya asientos vacíos para justificar la presencia de un familiar en una comitiva oficial? Son preguntas que, más allá del fallo, siguen presente.
Además, el cierre de esta causa convive con otros frentes abiertos que complican el panorama del jefe de Gabinete. Las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, las dudas sobre su patrimonio y las operatorias inmobiliarias bajo la lupa mantienen activo el foco judicial y mediático.
En ese contexto, el fallo de Rafecas funciona más como un alivio parcial que como un punto final. El Gobierno logra, por ahora, bajar un tema de la agenda, pero no consigue desactivar el núcleo del problema: la contradicción entre el relato anticasta y las decisiones que, al menos desde lo simbólico, se parecen demasiado a aquello que se criticaba.
