Una nueva investigación del siempre polémico juez federal Claudio Bonadío promete destapar un verdadero escándalo respecto del manejo de obra pública en la década kirchnerista. Bonadío elaboró una lista con 101 personas que deberán brindar declaración indagatoria. Figuran políticos, como Cristina Kirchner, Julio De Vido y Roberto Baratta, varios empresarios y financiastas, desde Angelo Calcaterra a Carlos Wagner, y financistas sospechados de manejar el dinero sucio recaudado mediante coimas y aprietes.
El problema es que, como cada vez que se destapa una olla de esta magnitud, hay hombres cercanos al núcleo duro del PRO que pueden quedar seriamente complicados, a pesar de que, por ahora, no figuran en la nómina. Es que, para acelerar los procedimientos, Bonadío citará a declarar a empresarios, partícipes necesarios del presunto fraude, que se declararán “arrepentidos” y soltarán la lengua.
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El modus operandi del polémico magistrado es similar al de la causa de los cuadernos, ya que se basa en el testimonio de “arrepentidos”, una figura que implementó el macrismo para que los eslabones inferiores de las cadenas de complicidad declaren contra los “jefes” a cambio de beneficios procesales y morigeración de condenas.
El nombre clave de esta causa es el de Ernesto Clarens, el hombre que manejaba, según la hipótesis de la Justicia, los fondos que se recaudaban ilegalmente. Cuando Bonadío posó la lupa sobre él, buscó transformarse en arrepentido y deslizó los nombres de empresarios que no figuraban en la causa de los cuadernos.
La noticia fue como una patada al hormiguero bonaerense. Varios de los empresarios que figuran en la extensa segunda lista de convocados de Bonadío consultaron rápidamente con sus abogados y definieron una estrategia osada. A través de mensajeros, le hicieron saber al oficialismo provincial y nacional que si abren la boca será en carácter de “doblemente arrepentidos”.
La advertencia no necesitó de demasiados detalles porque había buenos entendedores de por medio. Pero para el gran público tal vez convenga traducir: “si tengo que implicarme, también voy a hablar de la que se llevaron Grindetti y Cenzón”, razonó, en reserva, uno de los más envalentonados, en obvia referencia al intendente de Lanús y al ex ministro de Infraestructura bonaerense, señalados históricamente como los “recaudadores” o “cajeros” del PRO.
Los mensajes llegaron rápidamente a los aludidos y provocaron respuestas desesperadas, especialmente en Cenzón, que se alejó de la función pública transcurrido un año de gestión de María Eugenia Vidal. El exfuncionario buscó abrir un canal de diálogo con los empresarios para abortar la jugada, según confiaron a este portal quienes siguen de cerca sus movimientos. Como no obtuvo resultados, telefoneó a las autoridades de su partido, que intentaron tranquilizarlo.
El caso de Cenzón es el más delicado porque viene señalado desde sus tiempos de funcionario porteño. De hecho, en su llegada a Infraestructura cobijó a Pablo Gaytan en la estratégica subsecretaría de Servicios Públicos. Gaytan llegó a ser procesado en la causa en la que se investigaba la “pauta trucha” del Gobierno porteño, un escándalo conectado al también célebre “niembrogate”.
Los desfiles por Comodoro Py comenzarán en algo más de una semana. La fecha fijada por Bonadío para empezar a tomar declaraciones es el 20 de Febrero. Cristina Kirchner comparecerá el 25 de ese mes, un día antes de someterse al juicio oral por la obra pública de Santa Cruz.
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