El ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak salió este jeuves al cruce del proyecto impulsado por La Libertad Avanza para cobrarle la atención médica y el acceso universitario a extranjeros no residentes en la provincia de Buenos Aires, una iniciativa que promete abrir una fuerte discusión política pero que, según sus críticos, tendría un impacto concreto casi nulo.
En sus redes sociales, el funcionario de Axel Kicillof cuestionó que se busque reinstalar el arancelamiento de la salud pública como una respuesta a los cuestionamientos sobre el uso de los servicios estatales por parte de ciudadanos extranjeros.
El proyecto fue presentado por el diputado bonaerense Agustín Romo, integrante de la agrupación Las Fuerzas del Cielo, y propone que los hospitales públicos puedan cobrar las prestaciones médicas a extranjeros transitorios o con residencia precaria, además de establecer tasas para estudiantes extranjeros que no acrediten residencia permanente en las universidades públicas bonaerenses.
La iniciativa se inscribe en una agenda que La Libertad Avanza viene impulsando para discutir el destino de los recursos estatales y que tomó fuerza luego de una serie de publicaciones en redes sociales contra la Argentina protagonizadas por algunos ciudadanos extranjeros tras la derrota de la selección en la final del mundial de fútbol.
Sin embargo, desde el oficialismo bonaerense sostienen que se trata principalmente de una disputa política y discursiva, ya que los datos sanitarios muestran que la demanda de extranjeros no residentes sobre el sistema público es marginal.
Un debate con rédito político, pero sin efecto real
En el caso de la educación superior, el proyecto tiene un límite institucional: las universidades nacionales cuentan con autonomía y autarquía, y cualquier modificación del régimen vigente debería ser discutida en el Congreso, donde hasta el momento no hay proyectos similares.
Aunque la propuesta apunta a las instituciones públicas bonaerenses, la mayor parte del sistema universitario depende del Estado nacional y está regulado por la Ley de Educación Superior (N° 24.521).
En materia sanitaria, la provincia sí tiene margen de decisión, pero el proyecto también enfrenta dificultades políticas para avanzar en la Legislatura bonaerense, donde el oficialismo cuenta con respaldo mayoritario para rechazar este tipo de iniciativas.
De esta manera, el planteo libertario funciona más como una bandera política para instalar una discusión sobre el financiamiento de los servicios públicos que como una reforma con efectos inmediatos sobre las cuentas provinciales.
Kreplak respondió con datos: “nulo impacto”
Para fundamentar su rechazo, Kreplak recordó un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria del 2024 que analiza el uso del sistema de salud público por parte de extranjeros no residentes.
Según ese documento, en la provincia de Buenos Aires durante 2023, sobre más de 1,4 millones de consultas registradas, apenas el 0,2% correspondió a personas extranjeras no residentes. En internaciones, representaron el 0,81%.
Con esos números, el ministro planteó que el arancelamiento no resolvería un problema presupuestario del sistema sanitario y que la discusión responde más a una definición política sobre el modelo de salud pública que a una necesidad de financiamiento.
“Una acción racista, discriminatoria y que además tiene nulo impacto”, afirmó Kreplak, que buscó instalar la idea de que el verdadero debate no pasa por el uso del sistema por parte de extranjeros sino por el rol del Estado en la garantía del acceso sanitario.
