Luego del paro general convocado por la CGT, los judiciales bonaerenses continúan con su reclamo salarial y este jueves realizan otra huelga con movilización hacia la Corte Suprema en La Plata. La medida será ante la presencia de la gobernadora, María Eugenia Vidal, en lo que será el acto de asunción de Sergio Torres en horas del mediodía.
“La presencia de la gobernadora María Eugenia Vidal es un motivo suficiente para convocarnos a visibilizar la protesta y la necesidad de continuar en lo inmediato con la paritaria salarial para nuestro sector”, señalaron desde la Asociación Judicial Bonaerense.
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En ese marco, expresaron que “más allá del posicionamiento hoy inflexible del gobierno, nosotros con masividad, podemos revertir la situación y que nuestro salario no se deprecie aún más de lo que hemos perdido en 2018 y en lo que va del año, fruto de la política de ajuste económico del Ejecutivo”.
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Por #SalariosDignos pic.twitter.com/Xw4aU85YQE— Asociación Judicial (@AJBOficial) 30 de mayo de 2019
Asimismo, manifestaron que “la Corte es responsable no solo de esta situación de incertidumbre si no de la condiciones de precarización laboral que azota al Poder Judicial. Fueros colapsados, sobrecarga laboral, jornadas de trabajo interminables y condiciones edilicias deplorables, para mencionar algunas”.
“Los ministros de la Corte saben de esta situación, no son ajenos, sin embargo convalidan las políticas de ajuste y miseria que el gobierno nacional y provincial lleva adelante, en claro beneficio de los grupos concentrados de la economía y en detrimento de las mayorías populares”, concluyeron.
El desembarco de Torres en Corte no estuvo exento de polémicas debido a que el magistrado no lograba demostrar que tenía dos años de residencia inmediata en la provincia de Buenos Aires, según el requisito de la Carta Magna.
Así fue que de manera inédita, el cuerpo tuvo una votación dividida (4 a 2) con respecto al ingreso de Torres. Uno de los que se opuso fue el presidente del supremo Eduardo De Lázzari. La SCB, llamativamente, pidió una opinión del Procurador, Julio Conte Grand. Su fallo a favor, no obstante, era esperable porque él también fue beneficiado por una interpretación flexible de esa exigencia
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