Un proyecto de ley ingresó en la Legislatura con el objetivo de dar respuesta al creciente sobreendeudamiento de las familias, una situación que, según plantea la iniciativa, se volvió estructural en el actual contexto económico. La propuesta apunta a modificar la Ley 13.133, correspondiente al Código Provincial de Defensa de los Consumidores y Usuarios, para reconocer formalmente esta problemática y establecer herramientas concretas para su abordaje.
La iniciativa prevé la creación de un procedimiento administrativo especial para reestructurar deudas, a través de instancias de conciliación entre consumidores y acreedores, con participación del Estado provincial. Entre los puntos centrales, también contempla la suspensión por 90 días de las acciones judiciales mientras se desarrolle ese proceso.
En el cuerpo del proyecto, impulsado por la diputada de Fuerza Patria, Ana Luz Balor, se establece además que la autoridad de aplicación podrá intervenir incluso en caso de que no exista acuerdo entre las partes. En ese escenario, podrá fijar condiciones de pago de acuerdo con la capacidad económica del deudor, el origen de la deuda y el cumplimiento del principio de crédito responsable por parte de las entidades financieras.
El texto legislativo pone el foco en el impacto del contexto económico nacional y sostiene que la devaluación inicial de la gestión de Javier Milei, la caída del poder adquisitivo y la persistencia de la inflación en rubros esenciales como alimentos, transporte y servicios profundizaron la imposibilidad de miles de familias de afrontar sus compromisos financieros.
En ese sentido, el proyecto advierte que el endeudamiento dejó de ser una situación excepcional y pasó a estar vinculado a la necesidad de cubrir gastos básicos. Según plantea la diputada en los fundamentos, muchas familias recurren al crédito para sostener consumos indispensables, en un escenario donde incluso se registran señales de retroceso en la compra de alimentos.
CRECIENTE ENDEUDAMIENTO DE LAS FAMILIAS BONAERENSES
“El endeudamiento dejó de ser una excepción”, sostiene la iniciativa, que además alerta sobre una “espiral de endeudamiento” con impacto no solo en la economía doméstica sino también en la morosidad del sistema financiero, con aumentos en el incumplimiento de pagos de tarjetas de crédito y préstamos bancarios.
Entre los cambios propuestos, el proyecto incorpora nuevas reglas para el crédito al consumo. En particular, obliga a transparentar el costo financiero total, las tasas, comisiones y el monto final adeudado, incorpora el principio de crédito responsable y prohíbe la capitalización de intereses.
A la vez, suma herramientas de prevención mediante programas de educación financiera y refuerza el rol de los municipios, que podrán intervenir a través de las oficinas locales de defensa del consumidor y de la Justicia de Faltas.
El proyecto se presenta en medio de un escenario marcado por la pérdida del poder adquisitivo y la caída del consumo en la provincia de Buenos Aires. Durante los primeros meses del gobierno nacional de Javier Milei, la fuerte devaluación inicial, la aceleración de precios en bienes esenciales y el ajuste sobre ingresos fijos empujaron a numerosos hogares a financiar gastos corrientes con tarjetas, préstamos personales y créditos informales.
En la provincia, distintos relevamientos vienen advirtiendo sobre el aumento del endeudamiento destinado a cubrir alimentos, servicios, alquileres y medicamentos, una dinámica que se profundizó con la caída del salario real y las jubilaciones. En ese marco, la iniciativa busca incorporar herramientas legales para intervenir sobre una problemática que ya excede lo individual y empieza a impactar sobre el entramado económico y social bonaerense.
