Tras el pedido del fiscal Claudio Navas Rial, el juez en lo penal económico Javier López Biscayart habilitó la feria judicial para avanzar con la investigación sobre el contrabando de armas a Bolivia, por la que fueron denunciados el ex presidente Mauricio Macri, y sus ministros de Defensa, Oscar Aguad, y de Seguridad, Patricia Bullrich.
También, el juez ordenó las primeras medidas de prueba que incluyen pedidos de informes a Cancillería, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Seguridad, a la Dirección General de Aduanas, a la Fuerza Aérea y a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).
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En el caso de la Cancillería, el magistrado pidió que la misma aporte “con el respaldo documental del caso, si en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia, durante noviembre de 2019, se registró el ingreso informático de un sobre cerrado proveniente de la Fuerza Aérea Boliviana destinado al entonces embajador Dr. Normando Álvarez García, e informe si ello quedó asentado en el sistema interno de archivo de la Embajada”.
A la vez que dispuso hacerse de los “registros fílmicos que hayan registrado los procedimientos de control aduanero concretados en el Aeropuerto de El Palomar y en La Quiaca al momento de partida (12/11/2019) y regreso del armamento (26/06/2020)”.
De este modo, el juez Biscayart busca probatoria que determine el envío de material represivo para el vecino país, el cual viajó en un avión Hércules en la noche del 12 de noviembre de 2019, dos días más tarde a la renuncia de Evo Morales al gobierno, tras ser presionado por las fuerzas armadas y un extenso proceso de sedición.
Al respecto, la actual ministra de Seguridad, Sabina Frederic, indicó que el grupo especializado que viajó en aquel avión, Los Alacranes, testimoniaron que “fueron a la Embajada y la Residencia (del embajador argentino en Bolivia), se repartieron en dos grupos y no vieron nunca más este cargamento, que sí visualizaron durante el viaje”. A la vez que ratificó que los mismos “no hicieron uso de las municipios ni el armamento que llevaron consigo”.
La denuncia por “contrabando agravado” por el “envío irregular de armamento y municiones” contra los exfuncionarios fue presentada por el gobierno nacional, luego de que Bolivia hiciera pública una carta en la que el entonces comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, le habría agradecido al embajador argentino por el aporte de “material bélico de agentes químico”.
Por otro lado, también avanza la investigación que se desarrolla en Bolivia, y hoy el ministro de Gobierno boliviano, Carlos Eduardo del Castillo, exhibió en una conferencia de prensa las municiones encontradas en los depósitos de la Policía Nacional de dicho país, los cuales corresponderían al envío de material represivo por parte gobierno de Mauricio Macri.
El ministro detalló que el material fue trasladado a las 7 de la mañana del 13 de noviembre de 2019 a la Embajada argentina en Bolivia para que, una vez allí, “personal uniformados de Argentina realizaran la entrega a la policía boliviana”.
“Estos efectivos recibieron sin ningún tipo de documentación cajas de municiones, de proyectiles de granadas para la policía boliviana. Gran parte también fue entregada a la fuerza aérea de Bolivia y hay un faltante que aún se encuentra en investigación y que vamos a determinar si fueron utilizados en la masacre de Sacaba y Senkata”, completó Del Castillo en el marco de la conferencia de prensa en la que también estuvieron el Jefe de la Policía, Johnny Aguilera, y el embajador Ariel Basteiro.
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