La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ventiló dos graves casos de violaciones a los derechos humanos en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires que exponen la falta de control de los ministerios de Seguridad y de Justicia que conducen, respetivamente, Sergio Berni y Julio Alak.
El primero de los casos da cuenta de un terrible episodio sucedido días atrás en Punta Alta, en el distrito de Coronel Rosales. De acuerdo al organismo de DDHH, cuatro personas permanecieron esposadas en la cocina de una comisaría que incluso YA había sido clausurada por el ministerio de Seguridad.
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Por falta de calabozos, “los detenidos estaban alojados en la cocina de la comisaría y pasaban hasta 20 horas esposados, sin provisión de comida ni elementos de higiene y debiendo soportar, el uso de grilletes como medida de seguridad” advirtieron.
Tras la presentación de un habeas corpus colectivo, jueza Marisa Gabriela Promé dispuso la relocalización de las personas en el plazo de 24 horas, en instalaciones que “no perpetúen la vulneración de sus derechos”.
Según publicó la agencia Andar, la justicia ordenó la reubicación de las cuatro personas debiendo asimismo “minimizar desde la dependencia policial las medidas de contención a fin de resguardar las condiciones de dignidad humanas”, en referencia al “empleo ilegal de las esposas y grilletes que los detenidos debían utilizar la mayor parte del tiempo como medidas de seguridad”.
En esa dirección, apuntaron a la falta de control de las autoridades bonaerenses a raíz del “alojamiento de personas detenidas en dependencias policiales que no están adaptadas para tales fines, ya sea porque cuentan con clausura administrativa como en el caso de la comisaría de Punta Alta, clausura judicial o porque los calabozos están en pésimas e inhabitables condiciones” denunciaron.
Violaciones de derechos humanos en Olmos
Al mismo tiempo, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) difundió que el Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 de La Plata hizo lugar a un Habeas Corpus Colectivo por “graves condiciones de detención en la cárcel N°25 de Lisandro Olmos, donde se aloja a adultos mayores”.
Según la CPM allí se alojan personas de entre 60 y más de 80 años “en condiciones edilicias deplorables” y “sometidas a un régimen de vida que vulnera derechos, deficiente acceso a la salud, escasa provisión de alimentos y falta de capacitación del personal de custodia” advirtieron.
En ese marco, el juez de ejecución José Villafañe subrayó que la “omisión reiterada por parte de la administración ha generado un claro menoscabo de los derechos fundamentales de las personas afectadas, lo que resulta inaceptable desde una perspectiva jurídica y vulnera los principios básicos de justicia y protección de los derechos humanos”.
La resolución le da un plazo de 60 días al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires para corregir la situación de la unidad y que “garantice que las condiciones materiales y edilicias de alojamiento en dicho establecimiento, satisfagan las exigencias constitucionales”.
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