Las causas judiciales que investigan presuntas irregularidades en el negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires podrían sumar un nuevo capítulo. Aunque esta vez cambian algunos de los actores involucrados, la Justicia vuelve a poner la lupa sobre un mecanismo que, según las sospechas bajo análisis, habría permitido beneficiar a empresas privadas mediante esquemas que evitaban los procesos licitatorios exigidos para la contratación de servicios.
La investigación en curso se centra en convenios suscriptos por la Fundación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), sede La Plata, con más de medio centenar de municipios bonaerenses. Los acuerdos están vinculados a tareas de asesoramiento, capacitación y desarrollo de programas relacionados con la seguridad vial, incluyendo la implementación de sistemas de control de tránsito mediante fotomultas.
Según pudo reconstruir este medio, la hipótesis que analiza la Justicia apunta a una modalidad similar a la observada en otras investigaciones: la utilización de fundaciones asociadas a universidades públicas como vehículo para la contratación de servicios sin necesidad de atravesar procesos de licitación pública.
En ese contexto, una de las líneas investigativas alcanza la relación entre la UTN y la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra). Las sospechas se remontan a una resolución dictada por el Gobierno bonaerense durante la gestión de Daniel Scioli, mediante la cual se habría establecido que dicha entidad era la única habilitada para brindar determinados servicios de control vinculados a la seguridad vial. Una resolución ‘a medida’ de la Cámara que podría haber sido la llave para entrar al negocio.
Actualmente, Cecaitra mantiene una fuerte disputa dentro del sector con el empresario Leandro Camani, conocido por su participación en el negocio de las fotomultas, en un conflicto que volvió a exponer las tensiones existentes en torno a un mercado multimillonario. Las sospechas apuntan hacia ambos lados de esa disputa y salpican a los dos en un presunto desfalco.
Los investigadores también analizan la creación del denominado “Centro de Investigación, Desarrollo e Implementación de Programas de Seguridad Vial” (Censevial), un observatorio orientado al desarrollo de proyectos vinculados con la seguridad vial. La sospecha es que esa estructura habría funcionado como una herramienta para incorporar a empresas privadas al negocio mediante convenios firmados por una institución universitaria, evitando así la realización de concursos públicos.
Por el momento no existen pericias concluyentes que permitan determinar con precisión cómo se distribuían los fondos obtenidos a través del sistema. Se cree que una porción significativa de los recursos asignados formalmente a la UTN por la prestación de servicios podría haber terminado en manos de actores privados vinculados al esquema.
De acuerdo con esas versiones, alrededor del 40% de la recaudación generada por las multas correspondía a la universidad en virtud de los convenios suscriptos. La investigación busca establecer qué porcentaje de esos fondos habría sido efectivamente destinado a las tareas declaradas y cuánto podría haberse derivado hacia terceros. Se presume que el mayor porcentaje fue a manos de los privados. También se intenta determinar si parte de los recursos retornó en forma de pagos indebidos o beneficios irregulares a funcionarios o intermediarios, una hipótesis que todavía se encuentra bajo análisis judicial.
La causa continúa en etapa de investigación y, por el momento, no existen imputaciones firmes ni resoluciones judiciales definitivas respecto de los hechos analizados. No obstante, el expediente suma elementos que podrían profundizar el escrutinio sobre el funcionamiento del sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires y sobre los mecanismos de contratación utilizados durante los últimos años.
