El Municipio de Tandil cuestionó el nuevo pliego de concesión vial previsto por la Dirección Nacional de Vialidad, enmarcado en la etapa II de la Red Federal de Concesiones – Etapa II, impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
Según advirtió el secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse —integrante de la gestión del intendente de la UCR Miguel Lunghi—, el documento prevé solo dos obras obligatorias en la ciudad sobre la Ruta 226, una traza que “parte en dos” al distrito y concentra un flujo de 42.000 vehículos diarios en su rotonda más transitada. “Hoy es una barrera urbana y la licitación no pone el foco en la conectividad que la ciudad necesita”, afirmó en diálogo con Infocielo.
El funcionario municipal precisó que las obras obligatorias contempladas para Tandil son 1.100 metros de colectora norte —entre las zonas de Pedersen y Reforma Universitaria— para reformar el acceso al campus universitario, y, más adelante, la eventual instalación de semáforos en rotondas, que la futura concesionaria definirá “en función de estudios” con posterior autorización de la autoridad de control. “No tenemos datos del tramo exacto; el pliego solo menciona que los semáforos serían en rotondas. Eso, sin obras complementarias, va a generar caos y derivar tránsito a una ciudad no preparada”, alertó.
Lafosse remarcó que la licitación cubre más de 400 kilómetros entre las ciudades de Mar del Plata y Bolívar, tramo en el que Tandil —con más de 120.000 habitantes al sur de la traza y otros 20.000 al norte— es “la única ciudad atravesada de punta a punta”.
“Además de ser la más numerosa, la Ruta 226 divide el tejido urbano: hoy tenemos un carril por sentido y colectoras parciales. Hace 20 años que presentamos propuestas de corrimiento, variantes o pasos a distinto nivel. La población al norte de la Ruta 226 se duplicó en dos décadas y el problema se agravó”, sostuvo.
Veinte años de reclamos no escuchados en la audiencia pública
Lafosse recordó que el Municipio ha presentado alternativas durante los últimos 20 años para resolver la conflictiva travesía urbana. “En 2005 se sancionó un plan territorial que ya planteaba el análisis de corrimientos y variantes; en 2012 elevamos estudios y propuestas a la Dirección Nacional de Vialidad; y entre 2018 y 2023 insistimos con la necesidad de pasos a distinto nivel o una variante elevada”, repasó.
“Era imprescindible proyectar una vía elevada con dos carriles por sentido, permitiendo que la ciudad continúe a nivel cero y logre atravesarla transversalmente. Es una obra mayúscula, pero también propusimos mejoras de menor impacto para reforzar la seguridad vial”, agregó.
En ese sentido, destacó el compromiso sostenido por la gestión local, junto a actores políticos y de la sociedad civil: “Sin tener injerencia formal ni responsabilidad directa, el Ejecutivo municipal tomó muy en serio la circulación por la Ruta 226 durante estos 20 años, porque afecta la seguridad de la comunidad y de los vecinos”, sostuvo.
En la audiencia pública realizada en junio de 2025 en Monte, el Ejecutivo tandilense presentó un racconto histórico y recibió respaldo transversal de todos los bloques del HCD Tandil, además de colegios profesionales como de ingenieros y arquitectos, cámaras empresarias e instituciones intermedias. “Hubo una enorme representación de actores que acompañaron el pedido. Vamos a seguir insistiendo para que las obras se concreten”, aseguró.
También comparó su propuesta de semaforización —que incluía obras complementarias— con la del pliego actual: “Planteamos la obligación de construir carriles adicionales a cada lado, con dos carriles de ida y dos de vuelta. En cambio, el pliego nacional solo propone semáforos en rotondas, sin precisar ubicación. En un corredor con puentes ferroviarios, subidas y bajadas, y doble línea amarilla, la circulación se enlentecerá aún más”, advirtió.
Según el funcionario, “muy pocos de los 42.000 vehículos diarios terminarán transitando la 226 y gran parte se desviará hacia el interior de una ciudad que hoy no está preparada para absorber ese volumen. Los trayectos de bienes y servicios en la zona serán de menor calidad y demandarán más tiempo”.
Un negocio por encima de todo
El secretario fue crítico con la lógica del documento y puso el eje del malestar local en el peso asignado a la recaudación por sobre las obras necesarias para mejorar el corredor. “Creo que se priorizó más la voluntad del concesionario de montar un negocio redituable que pensar en el vecino que transitará estas rutas”, expresó. Y reforzó: “Hay más espacio destinado a garitas de peaje —incluso a potenciales nuevas— que a obras nuevas, al menos en el tramo de la 226”.
Lafosse también lamentó la ineficiencia de los modelos de obras viales tanto del gobierno anterior como de la gestión actual: “Frente a un esquema de corrupción del gobierno anterior en obras públicas, especialmente en aquellas vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad, se responde ahora con una inacción absoluta que habilita un negocio redituable para las empresas concesionarias”, afirmó.
Seguridad vial en rojo y obras esenciales ausentes
Uno de los puntos más sensibles es el esquema de seguridad vial para asistencia ante emergencias. “Para los 400 kilómetros concesionados de la 226, el pliego contempla un único móvil de seguridad vial ubicado en apenas 60 kilómetros, entre Mar del Plata y Balcarce. Desde Balcarce hasta Bolívar no habrá móviles para emergencias. Es un riesgo enorme para quienes transitan ese tramo”, remarcó.
Además, advirtió que tampoco figuran obras básicas en el entorno urbano inmediato: la reposición y mantenimiento de iluminación en dos de las principales rotondas de acceso a Tandil y el control permanente de pastizales en banquinas, tareas que hoy asume el Municipio para garantizar visibilidad y seguridad.
“Realizamos cortes de pasto porque el crecimiento complicaba la visibilidad y la seguridad vial. Aunque no es formalmente nuestra responsabilidad, la gestión se involucró porque el impacto es directo sobre los vecinos. No podemos mirar para otro lado”, dijo.
“Insistiremos con los reclamos”
El documento habilita dos instancias de obras no obligatorias: un fondo para obras futuras de hasta 90.000 millones de pesos (actualizables) y la posibilidad de ejecutar nuevas intervenciones a solicitud de la autoridad de control, rol que recaerá en Vialidad Nacional como órgano de contralor de la concesión.
“Como optimistas, buscamos aferrarnos a esa posibilidad y vamos a insistir con los reclamos. Pero las obras que la comunidad ante el pedido no están”, señaló.
Por último, remarcó que las dos obras contempladas por Nación recién se ejecutarán en el segundo o tercer año de adjudicación. “Van a tener, como mínimo, un año solo de cobro por mantenimiento para comenzar a recuperar rápidamente la inversión”, cerró.
