El Gobierno nacional quedó, una vez más, expuesto frente a una de sus contradicciones más evidentes. Mientras el discurso oficial insiste en la desregulación y en la necesidad de reducir la intervención del Estado, una nueva norma del SENASA incorpora exigencias formales para quienes venden plantas y plantines a través de redes sociales y plataformas digitales.
La medida quedó establecida mediante una resolución publicada directamente en el Boletín Oficial de este lunes 26 de enero, sin anuncios previos ni instancias de difusión pública.
Desde ahora, toda persona que comercialice material vegetal destinado a propagación deberá contar con un registro sanitario específico y exhibirlo de forma visible en sus perfiles de venta online.
Registro obligatorio para la venta online
La normativa establece que quienes vendan plantas, plantines, esquejes u otro material de propagación vegetal deberán inscribirse en el Registro Nacional Fitosanitario de Operadores, conocido como RENFO.
Esta obligación alcanza tanto a viveros formales como a pequeños emprendedores que ofrecen sus productos a través de Instagram, Facebook, WhatsApp u otras plataformas digitales.
Además de la inscripción, la resolución exige que el número de registro figure de manera clara y accesible en cada perfil o publicación comercial. El objetivo argumentado es para reforzar la trazabilidad y garantizar la sanidad del material vegetal que circula en el mercado interno, bajo el principio de prevención de plagas y enfermedades.
Según el texto oficial, el control busca asegurar que el material comercializado cumpla con los estándares fitosanitarios vigentes y pueda ser identificado fácilmente por los compradores. Sin embargo, la imposición del requisito llega de forma repentina y sin campañas informativas que orienten a los alcanzados por la norma.
Una resolución sin anuncio previo
La publicación directa en el Boletín Oficial sorprendió a vendedores y productores que hasta ahora operaban sin este tipo de exigencias. La resolución no estuvo acompañada de comunicados oficiales ni explicaciones públicas, una modalidad que vuelve a repetirse en decisiones que afectan a sectores pequeños o informales.
El contraste resulta evidente frente al discurso gubernamental que promueve la eliminación de controles y trámites estatales. Mientras se reivindica la “libertad económica” y se cuestiona la burocracia, esta norma suma un nuevo requisito administrativo para una actividad de escala reducida y muchas veces complementaria.
La venta de plantas por redes sociales deberá, desde ahora, adaptarse a esta reglamentación, con la obligación de registrarse y exhibir habilitaciones oficiales. Una medida que refuerza el control estatal en un contexto donde el propio Gobierno asegura avanzar hacia la “desregulación total”.
