Merlo amaneció atravesado por la bronca y el dolor tras el asesinato de Jorge Abelardo Acosta, un empresario reconocido en la zona que fue ejecutado de un disparo en plena vía pública. El crimen no solo sacudió al barrio por su brutalidad, sino también por un dato que profundizó la indignación: el autor del ataque tenía un pedido de captura vigente por un hecho en 2016 y nunca debió estar en libertad.
Acosta, de 64 años y padre de cuatro hijos, fue abordado mientras se encontraba detenido con su camioneta en una transitada esquina. Un delincuente armado intentó robarle el vehículo y, sin darle oportunidad de reaccionar, le disparó directamente al pecho. La víctima murió en el acto, ante la mirada atónita de vecinos y comerciantes de la zona.
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La investigación reconstruyó que el asesinato fue parte de una secuencia delictiva iniciada minutos antes y a varios kilómetros de allí. El agresor, Daniel Gustavo Lezcano, había robado un automóvil y comenzó una huida descontrolada que incluyó choques, nuevos asaltos y un enfrentamiento armado con la Policía. En su raid, robó al menos tres vehículos y sembró pánico en distintos puntos del partido de Merlo.
Finalmente, tras una persecución policial, Lezcano fue reducido y detenido. En su poder llevaba una pistola calibre 9 milímetros que tenía pedido de secuestro. Al ser trasladado a sede judicial, optó por no declarar y quedó imputado por una extensa lista de delitos, entre ellos homicidio criminis causa, robos automotores y portación ilegal de arma de guerra.
El trasfondo del caso expuso una falla grave del sistema judicial: Lezcano contaba con una condena previa por delitos extremadamente graves, incluyendo tentativa de homicidio, y era buscado desde 2024. Pese a ello, se movía libremente por el conurbano bonaerense.
Mientras la causa avanza en la Justicia, el foco permanece en la figura de Acosta. Empresario del transporte y emprendedor local, era conocido por su actividad comercial y su compromiso con la comunidad.
