Este lunes 17 de junio, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich oficializaron la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), un nuevo organismo dentro de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de una reforma estructural que redefine el rol de la fuerza en todo el país. La iniciativa fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 383/2025, y busca reconvertir a la PFA en una fuerza moderna, centrada en el combate al crimen organizado, el narcotráfico y los delitos transnacionales.
Pero la medida no estuvo exenta de polémica: el nuevo diseño institucional otorga amplias facultades a la Policía para intervenir en espacios digitales sin orden judicial, realizar tareas de inteligencia criminal sin control previo y detener preventivamente a personas que no puedan acreditar su identidad, incluso cuando no se haya comprobado la comisión de un delito.
Durante el acto de presentación, Bullrich aseguró que este relanzamiento marca un “nuevo momento” para una institución que, según dijo, había quedado “sin rumbo claro” tras el traspaso de competencias a la Ciudad de Buenos Aires. “Esta será una fuerza que trabaje con las provincias, en todas las jurisdicciones, que investigue a fondo y que no deje que los delincuentes caminen tranquilos por las calles como si nada pasara”, afirmó. Según el Ejecutivo, el objetivo del DFI es profesionalizar las investigaciones complejas y coordinar tareas con otras jurisdicciones de manera más eficiente.
Facultades sin control judicial
Sin embargo, el Artículo 6 del decreto, en su inciso 7, habilita a la Policía a detener sin orden judicial a quienes, bajo “circunstancias debidamente fundadas”, se presuma que hayan cometido o puedan cometer un delito, y no puedan acreditar fehacientemente su identidad. Estas personas podrán ser trasladadas a una comisaría y demoradas “por el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad, el que en ningún caso podrá exceder de diez (10) horas”, según estipula el texto oficial.
Además, el inciso 11 del mismo artículo autoriza a la fuerza a “realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas”. Es decir, se habilita el monitoreo de la actividad en internet sin control judicial, lo que disparó críticas de especialistas por la falta de garantías para proteger derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión.
El presidente Milei justificó la reforma al asegurar que “el delito debe combatirse en todo momento y en todo lugar”, y que “el orden público es sagrado”. “Durante años la PFA había carecido de propósito, medios y claridad de funciones. No es solo un cambio de nombre ni un simple rebranding. Es una transformación profunda que abarca desde el reclutamiento y la formación hasta su función social y razón de ser”, subrayó. Y concluyó: “La sombra de estas reformas va a cuidar a nuestros hijos y nietos”.
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Alcanzará una suma de casi 15 mil millones de pesos para el trimestre de julio a septiembre. La medida busca cubrir los “costos operativos más urgentes” para garantizar el servicio.
El nuevo estatuto de la PFA también contempla una reducción progresiva del ingreso de suboficiales y el lanzamiento del Programa Universitario de Modernización de la Policía Federal Argentina, que buscará incorporar profesionales altamente capacitados, actualizar el equipamiento tecnológico y mejorar las capacidades de inteligencia.
A pesar del discurso oficial, la reforma despertó preocupación en diversos sectores políticos, judiciales y de organismos de derechos humanos, que advirtieron sobre el riesgo de detenciones arbitrarias y prácticas de vigilancia sin control. También habría generado tensiones internas con otras fuerzas federales como Gendarmería y Prefectura, al aumentar el poder operativo de la PFA sin mecanismos claros de supervisión externa.
