El debate público alrededor de la reforma del fuero penal juvenil se centró casi de manera exclusiva en la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. Sin embargo, la ley promulgada por el Congreso de la Nación esconde una “letra chica” con profundas implicancias sobre el sistema de justicia y la seguridad ciudadana que pasó desapercibida para la opinión pública.
En diálogo con LA CIELO 103.5, José Luis Zerillo, subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires, analizó los vicios de origen de la norma aprobada a nivel federal y advirtió que encierra el peligro de agravar el delito juvenil en lugar de solucionarlo. Según explicó Zerillo, el cambio más drástico de la legislación no es solo la franja etaria, sino la modificación del tipo de conductas que pasan a ser punibles dentro del Código Penal, suspendida por 60 días a partir de una resolución judicial.
“Hay un dato más que ha pasado desapercibido y que es de suma importancia para el sistema penal y de encierro: se quitó la figura de que no eran punibles los hechos con una pena muy baja para el Código Penal, como los que tenían una pena en expectativa de hasta dos años”, detalló el funcionario.
El subsecretario puso ejemplos concretos de las infracciones que ahora ingresan en el radar de la justicia penal: “¿Qué entra ahí? Una amenaza simple, un hurto simple, la posibilidad de un daño. Los desafíos de TikTok en el pizarrón: esos chicos ahora pueden ser penalizados y tener medidas restrictivas de su libertad”. Anteriormente, la ley disponía que ante faltas de menor cuantía se aplicaran medidas alternativas de protección. Al borrar este límite, el sistema penal se arriesga a saturarse con causas menores, desviando la atención de los delitos de extrema gravedad.
¿Para qué se encierra?: el dilema entre resocializar y amontonar
El funcionario bonaerense remarcó que la verdadera encrucijada de la seguridad no reside en la estadística de ingresos, sino en las condiciones del encierro y el tratamiento institucional que recibe el adolescente.
“La discusión de fondo no es si va a entrar un joven más o un joven menos al sistema penal de la provincia de Buenos Aires. La discusión de fondo es para qué lo hacemos y en qué condiciones lo vamos a hacer”, enfatizó Zerillo, marcando la necesidad de evitar que el encierro se convierta en un factor de reproducción delictiva.
“Si el cumplimiento de la medida lleva al hacinamiento y a la violencia, termina siendo una escuela de vulneración de derechos. Lo que termina pasando después, al igual que en el sistema penitenciario de mayores, es que el nivel de reincidencia es importante”, advirtió. En ese sentido, cargó contra la postura del Gobierno nacional de desentenderse de la infraestructura y la contención pedagógica: “Si los hacinan, los amontonan y es una escuela de violencia, no es su problema, porque ante la comunidad aparecen como ‘los más duros’. Hay mucho enojo a través del algoritmo, pero cero planificación pública”.
Romper el determinismo delictivo: salud, escuela y acompañamiento
Para la gestión provincial, la privación de la libertad dictada por un magistrado debe ser aprovechada como una oportunidad de intervención estatal profunda que garantice la reinserción social del menor antes de que cumpla la mayoría de edad.
Zerillo explicó que el objetivo central de los 36 dispositivos bonaerenses es articular una red que incluya docentes, gabinetes pedagógicos y vinculación médica: “A todos esos jóvenes que privamos de su libertad hay que darles un horizonte de derechos. Nuestro objetivo primordial es que durante ese tránsito se rompa ese determinismo que parecía haber, y que la direccionalidad de esa conducta sea reconducida a una situación que le dé mayor bienestar a sí mismo y a la comunidad”.
“Lo mejor que nos puede pasar a ese joven, pero también a todos nosotros como sociedad, es que recupere la libertad habiéndose revinculado con su comunidad, habiendo reingresado a la escuela y habiendo pasado por procesos formativos”, concluyó el subsecretario.
