Tras el contundente rechazo de los gobernadores de las provincias patagónicas y de la provincia de Buenos Aires a la reforma de la Ley de Pesca que propone el Gobierno nacional de Javier Milei, desde la administración nacional salieron a respaldar su propuesta.
Uno de los puntos de inflexión llegó en la tarde del miércoles con los multitudinarios encuentros que se realizaron en la ciudad de Mar del Plata -que sería de las más afectadas del país si se aprobaran los cambios normativos- en donde participaron empresarios, sindicatos, dirigentes de todos los sectores políticos y hasta el gobernador Axel Kicillof.
Según se planteó, el problema, del que también se quejaron el PRO y la UCR, es que el Gobierno Nacional propone crear un sistema de licitaciones internacionales que elimina los parámetros actuales que condicionan la actividad al desembarco en puertos argentinos, la utilización de embarcaciones de bandera nacional, inversiones en el país y fomento de la mano de obra local.
“En virtud de la discusión de los artículos de la ley, más allá de la legalidad y le respeto por la división de poderes, estamos abiertos al diálogo y al debate”, señaló esta mañana el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, al ser consultado por el polémico proyecto. “Gran parte del debate legislativo es eso: intercambiar opiniones e ideas con quienes crean verse afectados”, dijo.
Aún así, aseguró que “en cada decisión que se toma, en cada articulo que se redacta hay expertise, hay tiempo de trabajo y muchos equipos con experiencia”, algo que no convenció a los sectores alcanzados por la norma.
“Efectivamente, en el caso de la pesca, creemos que la actividad está por debajo de su punto óptimo y esta apertura hace que pueda crecer y no que haya perdida de empleo”, aseveró Adorni, a contramano de gobernadores de diferentes fuerzas políticas.
En ese plano, aseguró que “garantiza que sigan operando a quienes lo están haciendo que lo sigan haciendo. Lo vemos como un gran paso no solo en libertades, sino en crecimiento económico del sector”.
Entre los puntos más polémicos de la reforma de la Ley es que deroga uno que establece que “será obligatorio desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos” y modifica otro que permitiría que “los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques”.
