En el marco de la causa que investiga el contrabando de armas por parte del gobierno de Mauricio Macri en noviembre de 2019, el fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó este lunes al ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, el entonces Canciller Jorge Faurie, y al ex secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.
De acuerdo al fiscal, los ex funcionarios cambiemitas también habrían participado de la “organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico al Estado Plurinacional de Bolivia vulnerando el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero”, según se desprende del dictamen que le elevó al juez Javier López Biscayar.
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“Los elementos arrimados por los denunciantes en esta oportunidad permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada, a la vez que justifican dirigir la atención de la pesquisa a la conducta atribuida a los entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña; al canciller, Jorge Faurie; y al secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo; en cuanto a una supuesta participación”, manifestó Navas Rial en su imputación.
En la denuncia realizada por el gobierno nacional, y más tarde ampliada por los ministros de Justicia (Martín Soria, Seguridad (Sabina Frederic) y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, los denunciantes presentaron un cúmulo de documentos y registros oficiales sobre reuniones mantenidas en la Casa Rosada por funcionarios de Cambiemos en los días que se gestionó el traslado ilegal de armamento a Bolivia, que comprometerían a los nuevos imputados.
En el escrito mediante el cual ampliaron la denuncia en la Justicia, el gobierno dio cuenta sobre el rol de Marcos Peña y de Fulvio Pompeo: “el ministro coordinador y su secretario de confianza, especialista en política internacional, no solo participaron en reuniones que evidencian su rol central en la organización del contrabando, sino que también intervinieron directamente en el trámite mediante el cual se gestionó el traslado de los gendarmes a Bolivia, ocultando la verdadera finalidad de ese viaje”.
Además de Peña, Pompeo y Faurie, en la causa se encuentran imputados la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, el ex jefe de Gendarmería Nacional, Gerardo Otero, y el ex presidente Mauricio Macri.
La CIDH confirmó “masacres” de civiles por parte del gobierno de Jeanine Áñez
La semana pasada, el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe final sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridos luego de la destitución del presidente Evo Morales.
En el mismo, indicaron que durante las represiones de Sacaba y Senkata, perpetradas el 15 y 19 de noviembre respectivamente, se perpetraron “masacres” contra civiles. “La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia dejando desprevenidos a los ciudadanos y ciudadanas”, describió la investigación.
“En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas”, agregó además la representante del grupo de expertos, Patricia Tappatá.
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