En la mañana de este viernes, Eduardo Feinmann aseguró en su programa de Radio Mitre que “ya habría unanimidad en la Corte Suprema para confirmar la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad”.
Según el periodista, la sentencia sería “inminente” y el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, la llevaría al acuerdo del máximo tribunal el próximo martes a las 10 de la mañana.
La revelación, lanzada como “primicia”, no sorprendió tanto por su contenido, sino por su momento y su canal de difusión.
LA “NO” CONFIDENCIALIDAD DE LA CORTE
La Corte Suprema de Justicia es, en teoría, un órgano cerrado, hermético, donde las decisiones se toman en acuerdo entre sus miembros.
Los expedientes, los votos y los proyectos de sentencia están resguardados por el más estricto secreto hasta que se firman y publican. Que un periodista tenga acceso, con tal nivel de detalle, a una deliberación aún no formalizada, expone una vez más el insólito grado de filtraciones que atraviesa al Poder Judicial argentino. Pero más aún: desnuda una práctica que desde hace años pone en jaque el principio de independencia judicial.
Feinmann no es cualquier periodista. Es uno de los voceros más activos de la agenda judicial ligada a sectores del poder real. Desde hace tiempo, es habitual que las decisiones sensibles contra figuras del peronismo –y especialmente contra Cristina Kirchner– no se conozcan por los canales institucionales, sino a través de “trascendidos” en medios alineados con intereses económicos y políticos que buscan su desaparición del escenario electoral. La causa Vialidad, condena incluida, es solo un eslabón más de esa cadena.
Cristina Fernández fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en diciembre de 2022, en una sentencia plagada de irregularidades procesales: falta de pruebas directas, testigos desestimados, peritajes forzados y hasta jueces con vínculos con opositores políticos.
En cualquier país con instituciones sólidas, ese fallo habría sido puesto en revisión profunda. En Argentina, parece que será confirmado en silencio y a toda velocidad, como si los tiempos judiciales pudieran adecuarse mágicamente a los calendarios electorales.
‘CASUALIDAD’ CAUSAL
La “casualidad” de que este anticipo judicial surja pocos días después de que Cristina anunciara su candidatura como diputada provincial por la tercera sección electoral no pasa desapercibida.
Tampoco que la sentencia se active justo antes de que el peronismo comience a delinear su estrategia para las elecciones bonaerenses. Si hay algo que el poder no quiere, es a Cristina jugando activamente. Y si no pueden impedirlo por la vía política, tampoco por un atentado, intentan hacerlo por la vía judicial.
Así, se reconfigura un triángulo inquietante: jueces que filtran, periodistas que operan, y una clase política y empresarial que celebra.
El lawfare –ese concepto tan discutido como tangible– sigue operando a plena luz del día. Y el mensaje es claro: si Cristina quiere volver a ser candidata, el sistema se encargará de bajarla antes de que llegue a las urnas, y ciertos periodistas lo sabrán antes, con un nivel de puntillosidad que asombra. No la van a proscribir, dicen. Solo van a “confirmar” una condena.
En el fondo, es lo mismo.
