La Unidad Turística de Chapadmalal, histórico complejo de hoteles del Estado nacional para promover el turismo social, está en un limbo desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. En estos años se habló de su venta, de concesiones y hasta de desarrollos inmobiliarios al estilo Puerto Madero. Lo cierto es que ninguna de las alternativas se materializó y ahora dos senadores nacionales quieren transferírselo a la Provincia.
“Presentamos con Eduardo de Pedro un proyecto de ley para transferir el complejo de Chapadmalal a la provincia de Buenos Aires preservando el carácter de monumento nacional otorgado por ley años atrás”, anunció Juliana Di Tullio. Se trata de los dos senadores nacional de Unión por la Patria que tiene la provincia de Buenos Aires que se hicieron eco de algo que ya viene pidiendo públicamente el gobierno de Axel Kicillof.
La iniciativa ingresó ayer a la Cámara Alta y fue girada a tres comisiones. El documento, al que accedió INFOCIELO, hace dos cosas: desafecta del dominio público del Estado nacional la Unidad Turística Chapadmalal y se lo transfiere “a título gratuito” a la provincia de Buenos Aires. La Provincia, por su parte, debería aceptar la transferencia mediante una ley y comprometerse a “mantener el destino de turismo social, educativo, recreativo y cultural del complejo“.
En la iniciativa, di Tullio y de Pedro cuestionaron a la administración libertaria porque “intenta ‘privatizar’ y vaciarlo a través de concesiones al sector privado”. “Proteger nuestro patrimonio de más de ochenta años de historia es un mandato que la ciudadanía depositó en cada uno de nosotros”, expresaron.
Ya en 2024 unos 30 diputados nacionales de Unión por la Patria habían presentado un proyecto de resolución para pedirle al gobierno nacional que mantenga el complejo turístico “en pleno funcionamiento”. Eso no prosperó considerando que los hoteles están cerrados desde marzo de ese año y todavía se desconoce qué pasará con ellos.
Actualmente, la Secretaría de Turismo de la Nación, con Daniel Scioli a la cabeza, está intentando concederlo a operadores privados para su explotación, pero primero tiene que desalojar a unas 30 familias que viven ahí porque cumplían tareas de seguridad y mantenimiento (hasta el 22 de mayo).
