El gobierno de Javier Milei anunció con bombos y platillos la desclasificación de documentos oficiales sobre la presencia nazi en Argentina. La medida fue presentada como una jugada en favor de la transparencia histórica, un gesto simbólico para “mostrar la verdad”.
Papeles con poco de nuevo
Sin embargo, al revisar los más de 1.850 archivos publicados por el Archivo General de la Nación este 28 de abril, se impone una primera constatación incómoda: una gran parte del material son simples recortes de diarios de época, muchos de ellos ya conocidos y disponibles en bibliotecas o hemerotecas.
Entre los documentos, aparecen nombres que sacuden la memoria: Josef Mengele, Erich Priebke, Adolf Eichmann. Criminales de guerra nazis que encontraron refugio en suelo argentino tras la caída del Tercer Reich.
La narrativa oficial, repetida durante décadas y ahora retomada con cierta picardía por el gobierno libertario, insiste en que el peronismo fue el responsable de acoger a estos jerarcas.
Sin embargo, la propia documentación desclasificada –por más limitada o superficial que sea en varios tramos– muestra otra cara de la historia, mucho más incómoda para quienes buscan simplificar el relato.
Nazis protegidos tras 1955
Por ejemplo, uno de los documentos revela que Josef Mengele, el tristemente célebre “Ángel de la Muerte”, vivió en Buenos Aires con identidad falsa y que en 1956 solicitó un certificado de buena conducta al Estado argentino para poder viajar a Chile.
Ese año, Juan Domingo Perón ya llevaba un año derrocado por la llamada “Revolución Libertadora”, que instauró un gobierno militar ferozmente antiperonista. Fue entonces, en plena dictadura, cuando Mengele circuló con comodidad por oficinas oficiales y obtuvo documentación legal.
También aparecen informes de la Policía Federal y la SIDE que datan de fines de los años 50 y comienzos de los 60, donde se detallan movimientos de jerarcas nazis en el país, sin que eso haya generado acciones concretas del Estado argentino para detenerlos.
Una verdad más incómoda
Erich Priebke, uno de los responsables de la masacre de las Fosas Ardeatinas en Roma, vivió durante años en Bariloche, incluso fue directivo de un colegio alemán, sin que las autoridades lo molestaran. Su arresto recién ocurrió en los años 90, por presión internacional.
Así, los documentos desclasificados por el gobierno de Milei dejan entrever un patrón que incomoda al relato oficial: la protección de criminales nazis no fue exclusiva del peronismo, y en muchos casos se profundizó durante los gobiernos que lo sucedieron, en especial el régimen militar instaurado en 1955.
El propio Estado, incluso ya informado de la presencia de estos individuos, optó por mirar para otro lado.
Desclasificar es un acto bienvenido, pero cuando los archivos consisten mayoritariamente en recortes de diarios y documentos ya conocidos, el efecto puede ser más propagandístico que revelador.
Lo que verdaderamente revelan algunos de estos papeles, sin embargo, es que el encubrimiento no tuvo signo político exclusivo. En todo caso, fue parte de una política de Estado sostenida en el tiempo, donde la complicidad silenciosa fue moneda corriente.
Y eso también forma parte de la verdad que hoy se intenta mostrar, aunque sea a medias.
