La muerte de Liz, la joven de 24 años que falleció producto de complicaciones por un aborto clandestino en Tigre, generó las reacciones de diversos sectores de la política y del feminismo.
Es que, el rechazo del proyecto de ley el pasado 8 de agosto en el Senado, muestra que en realidad no se detienen las prácticas de los abortos clandestinos y tampoco, las muertes.
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“Hoy nos volvemos a encontrar con la realidad que venimos poniendo sobre el tapete en el marco del debate sobre la legalización del aborto. El aborto debe ser legalizado por cuestiones de salud pública, por una necesidad urgente de lo que implica el aborto clandestino en el cuerpo de las mujeres”, manifestó para INFOCIELO, Diana Broggi, referenta de Mala Junta.
Por su parte, desde la Campaña Nacional por el Derecho al aborto Legal, Seguro y Gratuito consideraron que “cada muerta” y “presa por abortar” es “responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional” y de los y las 40 senadoras que se “abstuvieron o votaron en contra de nuestro derecho a la vida, a la salud y al reconocimiento de nuestra dignidad”.
Liz, era madre de dos hijos y fue internada de urgencia luego de haberse realizado un aborto con tallos de perejil, lo que le generó un cuadro de septicemia. Los médicos intentaron salvarle la vida realizándole una extracción del útero, pero tras haber resistido más de 24 hs, la joven falleció.
Diana Broggi – Mala Junta.
“Lo que sucedió con Liz es algo que nos tiene que hacer tomar conciencia como sociedad y de la necesidad urgente de la legalización del aborto. Quienes mueren son aquellas que no tienen recursos para hacerse un aborto de manera segura. Con mucho dolor, sentimos que no hay vuelta atrás. Las evidencias vinculadas a las situaciones dramáticas de las mujeres sin recursos, dejan en claro que la ley tiene que salir”, agregó Diana Broggi.
Tras conocerse el hecho, diversas organizaciones de mujeres y feministas están convocando a una concentración y marcha hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en Callao 237.
“Responsabilizamos también a las autoridades provinciales. En este caso, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, responsable de la implementación del Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupció Legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación. Quien manifestó sentirse ´aliviada´ porque el aborto siga siendo clandestino ”, publicaron desde la Campaña por el Derecho al Aborto.
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