La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó este jueves que se tome juramento a los cuatro diputados elegidos para representar a la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura.
En una nueva acordada, la Corte consideró correcta la designación inicial y aseguró que la Cámara de Diputados tiene “el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización” del Consejo de la Magistratura, encargado de proponer jueces y controlar su conducta.
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Los diputados elegidos, propuestos por sus respectivos bloques, son Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, del Frente de Todos; y Alvaro González, del PRO, y Roxana Reyes, de la UCR.
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Y dispuso que “el señor Presidente del Tribunal reciba de los consejeros y consejeras Vanesa Raquel Siley, Rodolfo Tailhade, Álvaro González y Roxana Nahir Reyes el juramento de ley para su incorporación al Consejo de la Magistratura en representación de la H. Cámara de Diputados de la Nación”.
“El acto tuvo como antecedente la resolución (parlamentaria) R.P. N°1608/22 de la Presidencia de esa cámara, mediante la cual se designó a los mencionados diputados y diputadas como miembros titulares del referido órgano”, añadió.
También recordó que el 30 de noviembre el secretario parlamentario remitió al juez Horacio Rosatti la copia de la resolución R.P. N°1634/22 de la Presidencia de la Cámara baja que dejaba sin efecto la resolución anterior, tras conocerse un fallo del juez de primera instancia Diego Martín Cormick que había anulado la designación de Reyes como consejera dispuesta en abril de 2022 y ahora postulada para la reelección en la Magistratura.
La suspensión de la lista, dispuesta por la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, se realizó a través de una apelación a la medida del juez Cormick, que generó el rechazo de la oposición y concluyó en la frustrada sesión del pasado primero de diciembre.
“Ante todo (…) este Tribunal tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura y, en ese sentido, debe propender a la integración y funcionamiento del órgano de conformidad con la Constitución Nacional en el menor tiempo posible y garantizando la seguridad jurídica”, sostuvo la Corte.
“Asimismo -dijo-, los distintos estamentos que conforman el Consejo de la Magistratura tienen el deber constitucional y legal de designar a sus respectivos representantes, y la demora o el incumplimiento de ese deber no pueden retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de dicho órgano constitucional”.
En ese sentido, recordó que el articulo 2º, inciso 3º, de la ley 24.937 del Consejo de la Magistratura prevé que en ese cuerpo haya 8 legisladores: 4 senadores nacionales y 4 diputados nacionales.
“Como surge del texto de la norma, la competencia de los presidentes de ambas cámaras del Congreso para designar a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura solo puede ser ejercida previa propuesta de los respectivos bloques parlamentarios. De ahí que los presidentes de ambas cámaras únicamente pueden modificar o revocar tales designaciones siguiendo el mismo procedimiento previo”, aclaró, el objetar la medida dispuesta por Moreau.
La acordada fue firmada por Rosatti y sus pares Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
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