El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró este lunes que las protestas de transportistas por la tarifa de granos ya generan incidentes y causas penales en rutas de la provincia, en medio de la cosecha gruesa y tras la suba del gasoil.
En el marco de las conferencias semanales del gobierno provincial, el funcionario de Axel Kicillof describió un escenario de creciente tensión en el interior bonaerense, donde el conflicto por los costos del transporte impacta de lleno en la logística agropecuaria. Según detalló, desde hace una semana hay “unos 400 camiones generando protestas en las rotondas de los ingresos de entre 16 y 20 municipios”.
Protestas, costos y tensión en plena cosecha
Alonso remarcó que las medidas de fuerza no están encabezadas por choferes sino por empresarios del sector: “En general se trata de empresas transportistas, no es algo de los trabajadores sino de los dueños de los camiones que están sufriendo gravemente el alza del precio de los combustibles, que alteran los costos ya firmados en un momento crítico para el traslado de cereales y semillas”.
El ministro vinculó directamente el conflicto con la escalada del gasoil y sus efectos sobre la economía del transporte. “La locura que está generando el aumento del combustible está impactando fuertemente en lo que refiere al orden del tránsito en el interior de la provincia”, sostuvo.
Incidentes en rutas y críticas al Gobierno nacional
En ese marco, advirtió por episodios de mayor gravedad registrados en los últimos días. “Se produjeron incidentes que tuvieron que ver con causas penales que se iniciaron por privación ilegítima de la libertad porque hubo camioneros retenidos en diferentes puntos”, señaló.
Frente a este panorama, Alonso aseguró que la Policía bonaerense interviene para evitar mayores complicaciones. “La Policía de la Provincia está garantizando el tránsito en las rutas”, afirmó, al tiempo que indicó que mantienen contactos con acopiadores y empresas afectadas por los bloqueos.
Por último, el funcionario apuntó contra la administración nacional por el manejo del conflicto. “Está siendo un inconveniente porque la actitud del Gobierno nacional, que ha hecho un culto de garantizar el orden en las calles, parece que no está sucediendo en el interior de la provincia”, cuestionó, y agregó que las medidas terminan “alterando la vida de los ciudadanos” al privilegiar “un interés financiero por sobre la coherencia en los precios de la economía”.
El trasfondo del conflicto es la falta de acuerdo entre transportistas y el sector agropecuario para actualizar la tarifa de referencia en plena cosecha gruesa, en un contexto de fuertes subas en el precio del combustible. La provincia convocó a las partes en dos ocasiones para intentar llegar a un acuerdo pero no hubo acuerdo entre el pedido de las cámaras y sectores del agro.
A ello se agrega la eliminación de la mesa nacional que fijaba un piso para las negociaciones en la provincias por decisión del gobierno de Javier Milei y la falta de intervención nacional ante el incremento de los combustibles.
La situación es cada vez más compleja y genera demoras en los puertos de Quequén y Bahía Blanca, con impacto directo en la cadena exportadora.
