La oposición de los intendentes peronistas de la Provincia de Buenos Aires contra la eliminación del “Fondo Sojero” que dispuso Mauricio Macri pasará en breve a una nueva instancia. Luego de haber manifestado los argumentos políticos, los jefes comunales ya tienen lista la presentación judicial que harán con el asesoramiento del Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino. No se descarta una maniobra colectiva.
INFOCIELO pudo acceder a varios de los documentos que ya están preparados. Más allá de los matices y de las particularidades locales, todos se basan en promover “una acción de amparo contra el Estado Nacional” a “efectos de impugnar y consecuentemente solicitar que se decrete la nulidad del Decreto Nº 756/2018”.
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La guerra es contra el decreto dictado el día 14 de agosto de 2018, publicado en el Boletín Oficial al día siguiente y puesto en vigencia el 16, con el cual la Casa Rosada derogó el Decreto N° 206 del 19/3/09 que establecía el Fondo Federal Solidario (el 30% de las retenciones a la soja iban a para Provincias y Municipios).
Para los alcaldes, la decisión de Macri, directamente, ponen riesgo “obras en curso de ejecución que contribuye a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales del Municipio a mi cargo”. Dicha circunstancia, entienden, “vulnera derechos de rango constitucional”.
En ese camino, se pide, “hasta tanto se dicte sentencia definitiva” en relación al fondo de la cuestión, “se dicte medida cautelar innovativa -conforme al artículo 232 del CPCCN- por la que se suspenda desde su entrada en vigencia, la ejecutoriedad del acto administrativo cuestionado, ya que su aplicación irrogaría daños irreparables al Municipio en representación, que no podrían reparase aún el caso de obtener una sentencia favorable a esta pretensión”.
Los caciques justicialistas coinciden en que, “en forma actual e inminente, se genera una amenaza por la imposibilidad de continuar con la ejecución de las obras o cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la previsión presupuestaria que implicaba el desembolso del Fondo Federal Solidario, previsto para el corriente ejercicio 2018”.
“No es muy complejo establecer que para la situación planteada, no existe un remedio judicial alternativo que sea expedito, rápido y que, garantizando una decisión oportuna de jurisdicción, resguarde los derechos fundamentales afectados”, se aclara en el escrito.
En los fundamentos jurídicos se plantea, a su vez, que se viola “el principio de progresividad y la prohibición de regresividad en materia de derechos económicos y sociales y culturales” (la imposibilidad de tomar medidas que empeoren la situación).
En ese sentido, aseguran: “La eliminación del Fondo Federal Solidario representa una clara medida regresiva. En forma específica, desfinancia, a nivel municipal, las obras de infraestructura para salud, salubridad, la educación y la vivienda. De esta forma, los derechos fundamentales que asisten a toda persona por el hecho de serlo, y que presentan la particularidad de ser indivisibles, inalienables, interdependientes y de cumplimiento progresivo, se ven lesionados”.
En segundo lugar, se denuncia la violación del principio de legalidad y el carácter inoficioso del Decreto de Necesidad y Urgencia del Presidente. En este caso, cuestionan el carácter confiscatorio de los recursos. “No quisimos poner robo porque no quedaba bien”, dijeron a este portal desde una comuna participó en la elaboración de la demanda.
“La Ley 27.431,de Presupuesto Nacional 2018, en su artículo 117 establece que el Fondo Federal Solidario NO INTEGRA EL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 2018”, por lo tanto, “el dictado del Decreto 756/18 por tanto resulta contrario a las previsiones de la ley de Presupuesto nacional vigente, sin haber derogado la misma”.
Además de señalar que se lastima del federalismo y que se rompe de manera unilateral un acuerdo entre dos partes, se plantea que el “DNU carece de fundamentación suficiente, acudiendo a simples expresiones de tipo general”. Este portal pudo averiguar que desde el Ejecutivo de Roque Pérez, a cargo del interino José Luis Horna, se presentó hoy en los juzgados federales de Azul. Para 2018, se estima una pérdida total de $597 millones para los gobiernos locales y de $3.800 millones para la gestión de Vidal.
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