Tras casi tres meses sin clases presenciales, docentes y autoridades gubernamentales llegaron a un acuerdo para regular la labor educativa. El contexto de crisis sanitaria puso de manifiesto el rol trascendental de los docentes que deben adecuarse al igual que sus alumnos, a las nuevas modalidades tecnológicas y académicas para que el nivel educativo no se vea afectado en demasía.
En este marco de pandemia y el consecuente aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), los docentes que continúan sosteniendo la Escuela Pública vienen reclamando una serie de puntos que creen fundamentales en tiempos de COVID-19.
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Particularmente, exigieron nuevas regulaciones del trabajo docente ante la “sobrecarga laboral”, y cobertura de todos los cargos docentes necesarios, reclamos que fueron atendidos el jueves pasado con motivo de celebrarse la paritaria nacional docente, por videoconferencia.
En el encuentro remoto se estableció un acuerdo mediante el cual se regula la carga horaria laboral en contexto de teletrabajo, de modo que quienes brindan clases puedan preservar la intimidad familiar y el descanso. Esto es, respetando el tiempo laboral equivalente que determina el cargo y/u hora cátedra por el que han sido designadas las docentes.
Según explicó el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, “el nivel de precisión de este convenio refleja características excepcionales, ya que tiene una capacidad de regular cuestiones complejas”.
Asimismo, aseguró que se pondrán a disposición de los y las docentes “recursos tecnológicos a los efectos de facilitar el desarrollo de sus tareas en la virtualidad”.
En ese sentido, el gobierno se comprometió a “implementar un programa progresivo” para el acceso a estos dispositivos.
Las condiciones de salubridad e higiene de los establecimientos serán adecuadas para preservar la salud del personal, estudiantes, directivos y auxiliares, y deberá garantizarse la cobertura de riesgos laborales, es decir, los accidentes y enfermedades profesionales para la tarea docente, virtual o presencialmente. Se informó que la aplicación del acuerdo será evaluado en un plazo de 30 días.
Los funcionarios señalaron que el consenso logrado procuró “el fortalecimiento de la educación pública, la valorización del rol de la escuela y su carácter esencial, los derechos laborales y el trabajo de los docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional”, añadió el documento.
Del mismo modo, funcionarios y sindicalistas acordaron medidas tendientes a moderar, prevenir y remediar las situaciones de desigualdad o su agravamiento en el acceso a la educación por parte de los alumnos por la emergencia sanitaria.
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