Todo ganancia. Así podría resumirse, desde la perspectiva oficialista, el cambio de la titularidad de la Corte Suprema de la Nación, el último peldaño de uno de los tres poderes del Estado que estaba en manos de quien eligió Elisa Carrió, una de las socias fundadoras del Frente Cambiemos, para representar todo lo malo de ese poder: Ricardo Lorenzetti.
El recambio alentó especulaciones de un movimiento intempestivo sobre el que no hubo explicaciones, por dos cuestiones que tampoco pasaron desapercibidas: Lorenzetti tenía mandato al frente de la Corte hasta el 31 de diciembre próximo, y el tema se coló de manera anticipada en la agenda del tribunal que no tenía previsto dirimirlo hoy. En llanó: sonó más a emboscada que a sano recambio institucional.
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Entre los ganadores por la salida del hasta hoy titular de la Corte, quizá la mayor tributaria del desplazamiento sea Elisa Carrió. La principal socia electoral de Cambiemos no ocultó su euforia, cuando se conoció el proceso de destronización de Lorenzetti: “¡Gracias a Dios! Yo lo vengo denunciando desde hace 10 años. Terminó la impunidad y la extorsión. No es más presidente, que es quien administra la Corte. Es un milagro, no sabía que podía ocurrir”, celebró, en las redes, la histriónica dirigente política. Se entiende: Carrió lleva adelante una encarnizada pelea pública y judicial contra Lorenzetti, que se ve reflejada en denuncias penales cruzadas entre ambos.
Por arriba y por abajo, el recambio de la presidencia de la Corte tributa a favor del Gobierno. Porque se desprendió del Ministro al que Carrió amenazó con iniciarle juicio político de manera insistente, y porque entronó en ese lugar a Carlos Rosenkrantz, quien desembarcó en la Corte “a pedido” del Grupo Clarín, el principal aliado del partido gobernante, y fue impulsado por quien formó parte de la mesa chica de la gestión macrista, el flamante ex vicejefe de Gabinete de Ministros, Mario Quintana.
Rozenkratz, se sabe –lo tuvo que hacer público al momento de asumir un lugar en la Corte- se desempeñó como abogado del Grupo Clarín en la sangrienta pelea judicial en la que se embarcó con el Gobierno anterior para oponerse a la Ley de Medios. Desde su estudio, defendió la posición del principal grupo periodístico del país, y litigó a favor de Cablevisión, una de las naves insignias del conglomerado de medios, para contrarrestar la avanzada en el proceso de “democratización” de las voces que impulsó la gestión anterior. También fue abogado particular de Ernestina Herrera de Noble.
Entre la voluminosa cartera de clientes que supo tener el ahora titular de la Corte, como parte del estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, figuran grandes empresas y corporaciones que, como el Grupo Clarín, enfrentaron al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entre otros, América TV, Ávila Inversora y hasta la Sociedad Rural.
Carrió no es la única eufórica por el recambio. En el club de los ganadores aparece, también, Mario Quintana. El ahora ex vice jefe de Gabinete de Mauricio Macri a quien Rozenkratz representó en el derrotero judicial –aunque sin suerte- en la Justicia bonaerense defendiendo la política expansionista de la empresa Farmacity, que todavía puja por revertir una serie sucesiva de varios fallos bonaerenses que rechazaron se declare inconstitucional la Ley de Farmacias vigentes en territorio de Vidal para poder desembarcar con esa cadena.
No es la única vinculación que tuvo el estudio Rozenkratz con Mario Quintana. En su declaración el flamante titular de la Corte reconoció, además, haber representado a varios fondos de inversión, entre ellos Pegasus donde se desempeñó el propio Quintana.
Sobre Rozenkratz descansa, además, un antecedente reñido con la institución republicana. Convalidó con su aceptación la primer decisión polémica de Mauricio Macri, de designarlo “por decreto” ante el Máximo Tribunal de Justicia. Fue, en los hechos, proyectado por mandato directo la firma presidencial, desoyedo el trámite parlamentario al que se expusieron -como la Ley manda- los ocupantes de algún despacho en la Corte Nacional
A los meticulosos observadores de la coyuntura política no se les escapó un detalle -¿de color?- en torno al nombramiento de Rosenkrantz: el presidente de la Corte es, según la Ley de Acefalía, uno de los depositarios del ejercicio de la Primera Magistratura. Es, en efecto, el quinto en la sucesión presidencial, en el caso de muerte o renuncia del Jefe de Estado. “Clarín puede poner al Presidente”, elucubraron, en tiempos de turbulencia, a pesar de que a Héctor Magnetto, se sabe, ese le parece un “cargo menor”.
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