El hacinamiento en las cárceles de la provincia de Buenos Aires es uno de los varios problemas estructurales que la gestión de Axel Kicillof marcó como principales a resolver y que, a más de un año y medio de gestión, mantiene el estado de emergencia.
Mucho se habla de la (in) seguridad, de las tasas de delitos y se pone en el foco la acción policial; pero es sólo la parte superficial del problema: cada detenido es alojado en una comisaría que está desbordada, y cada preso en una cárcel desbordada. En muchos casos los alojados en comisarías están por causas menores, como tenencia o consumo de drogas, y esperan la resolución de su situación procesal.
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Para magnificar el problema hay que ir a los números. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), hasta el 31 de marzo de este año había 4.698 detenidos en comisarías. Muchos de ellos alojados de forma permanente por la incapacidad de alojamiento en el Sistema Penitenciario. En total, la población carcelaria ronda los 50.000 internos, cuando la capacidad de alojamiento en cárceles es de aproximadamente 25.000 plazas.
El alojamiento en comisarías es la pata más grave del problema: la mayoría no tiene condiciones para alojamientos permanentes, pero los detenidos quedan alojados allí porque no hay cupos. “Según datos del Centro de Operaciones Policiales (COP), en mayo de 2019 ingresaron 6.040 detenides, fueron liberades 2.633 y quedaron alojades 3.407. El SPB habilitó un cupo de 1.290“, señala el informe 2019 de Derechos Humanos en la Argentina realizado por el CELS.
“O sea que más de un tercio de las personas detenidas fue trasladada a una unidad penitenciaria, y el resto quedó alojado en las dependencias policiales. Así se forma un cuello de botella: nunca se traslada a todes les detenides a las cárceles y el excedente se va alojando en las comisarías inhabilitadas o clausuradas”, explican.
El nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia
Dos semanas atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) volvió a emitir un fallo en el que ordenó nuevamente a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (SCBA) que tome medidas de fondo, y remarcó la vigencia del fallo Verbitsky de 2005; un hábeas corpus que pretende evitar violaciones a derechos humanos y “mejorar la situación de los detenidos en todo el territorio de la Provincia”.
Es un problema grave, que a su vez genera nuevas problemáticas: empeora la capacidad de reinserción social en presos y detenidos, aumenta la reincidencia, viola derechos humanos básicos, y dificulta la capacidad de hacer efectivas las detenciones, entre otros. La famosa “puerta giratoria” tiene raíz en el hacinamiento: no hay dónde alojar detenidos sin agravar una situación que ya es crítica.
“El agravamiento de la situación durante los años del gobierno de María Eugenia Vidal y la crisis sanitaria provocada por la pandemia volvieron a poner en el centro de la discusión este caso que aún se encontraba sin una resolución”, CELS, que impulsa la causa en la Justicia.
La “pesada herencia” de Vidal es una realidad. Ya desde finales de la gestión anterior a Juntos por el Cambio, la cantidad de detenidos aumentó. La política punitivista de María Eugenia Vidal para combatir la inseguridad se vio reflejada en un aumento de las detenciones.
Pero esto no fue acompañado por obras de infraestructura carcelaria, que apenas creció en 1108 plazas. “En cuatro años, la población detenida creció un 42% (un aumento de más de 14.000 personas) y el incremento en comisarías fue de 124%”, informó el CELS. Así, se potenció el hacinamiento en las cárceles.
Desde el Ministerio de Justicia bonaerense reconocen la problemática y señalan que llevan adelante un plan de obras, a la vez sostienen que es la Suprema Corte la que tiene que instruir sobre cómo proceder para comenzar a destrabar la situación en las comisarías. “La Justicia tiene la pelota”, comentaron a INFOCIELO.
Un “parche”: El Plan de Infraestructura Penitenciaria Provincial
Una de las primeras medidas de Axel Kicillof como Gobernador estuvo orientada a la población carcelaria, que había entrado en huelga de hambre por las pésimas condiciones sanitarias y alimentarias en las que se encontraban.
“Se les habían cortado hasta los medicamentos”, señalaron a INFOCIELO desde la cartera de Justicia. El Gobernador generó una Mesa Interinstitucional de Diálogo, avanzó con medidas de emergencia, y logró destrabar el conflicto. Al día de hoy, lo muestra como logro. Pero fue simplemente un parche.
En 2020 lanzó el Plan de Infraestructura Penitenciaria Provincial, bajo el cual se construyeron 1.222 plazas penitenciarias. “En un año de pandemia, más que las 1108 realizadas en 4 años de la gestión anterior”, en un acto en Lomas de Zamora junto al presidente Alberto Fernández.
Allí, Kicillof no le esquivó a la problemática, pero pidió tiempo para avanzar sobre lo que, indicó, es histórico. “Hay problemas que son estructurales y complejos. Hay condiciones inhumanas de vida en las penitenciarías, en nuestras cárceles. Eso es grave, y pasa hace tiempo”, dijo.
Más allá de las obras, tanto el Presidente como el Gobernador marcaron la diferencia con la política punitivista de Juntos por el Cambio, y anunciaron un plan de obras para aumentar en 12.000 las plazas del Sistema Penitenciario Bonaerense. Entre ellas, cinco hospitales en complejos penitenciarios.
El plan de obras en las cárceles hasta 2023
Según señalaron a INFOCIELO fuentes del Ministerio de Justicia, “el plan de obras 2020-2023, apunta a bajar la sobrepoblación y fortalecer la seguridad ciudadana, con la construcción de 12.000 plazas, el 50% de todo lo construido en 100 años”.
La mayoría de las obras se realizarán en el conurbano bonaerense, que “es de donde más vienen los presos”. La intención es que puedan permanecer cerca de sus familias, y mantener el vínculo social para favorecer su reinserción.
Además, se apuesta a reforzar la educación carcelaria, el deporte, y trabajar en la integración para combatir otro problema relacionado con el hacinamiento: la reincidencia. “Queremos que las condenas sirvan para que quienes recuperan su libertad no estén nuevamente predispuestos a delinquir”, había dicho Alberto Fernández a fines del año pasado.
La pandemia es un obstáculo mayúsculo: la emergencia sanitaria se lleva la preocupación, atención y los fondos de un país y una Provincia que además atraviesan una importante crisis económica. Quizás por ese motivo el plan de obras para mejorar la infraestructura carcelaria hasta ahora avanza a paso lento este 2021. Y la situación se mantiene crítica.
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