El domingo, Lula da Silva ganó la segunda vuelta en Brasil con el 51,7% de los votos contra el 48,3% de Flávio Bolsonaro. Más que el número, importa cómo llegó. En la primera ronda, Bolsonaro había sacado 47% y Lula 45,2%. Tres semanas después, Lula lo dió vuelta por más de cuatro millones de votos y se convirtió en el primer candidato en la historia democrática de Brasil que gana un balotaje después de haber perdido la primera vuelta.
Para los movimientos populares de Sudamérica, el resultado pesa mucho más allá de Brasil. Antes de la elección, la pregunta era si el país iba a sumarse a la ola de derecha que ya había llegado a Argentina, Chile y Colombia. La respuesta fue no. La economía más grande de la región sigue en manos de un gobierno que defiende la integración regional, el papel del Estado y una política exterior propia. Para la Argentina eso tiene consecuencias directas: Brasil es nuestro principal socio comercial y el pilar del Mercosur.
La campaña también se ganó en el celular
Hay una lección de método que el campo popular argentino no debería pasar por alto. Durante la primera vuelta, la comunicación del PT se limitaba a replicar discursos de Lula en actos institucionales, sin contacto directo con sus votantes. Los propios aliados lo advirtieron a tiempo. En agosto, el diputado André Janones avisó públicamente que la derecha dominaba el ambiente digital con un mensaje más directo y agresivo, y que si nada cambiaba Flávio Bolsonaro iba a superar a Lula en las redes.
Después del 4 de octubre la campaña cambió de formato. Lula empezó a grabar sus propios videos, en vertical y con el teléfono en la mano, para hablarle a la gente sin intermediarios. Se sumaron legisladores jóvenes con audiencia propia, como Erika Hilton, con más de cinco millones de seguidores en Instagram. El objetivo era concreto: ir a buscar a los que no habían votado, sobre todo en Minas Gerais, donde Lula había quedado cinco puntos abajo en primera vuelta.
La enseñanza es incómoda. Como explicó un investigador de la Fundación Getulio Vargas, la izquierda se formó en espacios presenciales y territoriales (el sindicato, el centro de estudiantes, el partido), mientras que la derecha que hoy predomina se organizó desde el principio alrededor de las plataformas digitales. El territorio sigue siendo indispensable, pero una militancia que no está donde la gente pasa horas por día pierde la discusión antes de empezarla. Lula lo entendió a tiempo y, ya reelecto, anunció que va a avanzar en la regulación de las grandes plataformas tecnológicas.
La unidad que hace falta
En la Argentina, el triunfo de Lula encuentra a un peronismo que todavía digiere la derrota de 2025, que le costó dos bancas en el Senado y capacidad de negociación en Diputados. La tentación es repetir la fórmula conocida: sentar a todos en una foto, repartir lugares en las listas y llamarlo unidad. Eso ya se probó. En 2025 hubo frente común en buena parte del país y, horas después de ganar la provincia de Buenos Aires, la interna volvió a salir a flote.
La unidad que sirve se arma alrededor de un programa. Un pacto electoral resuelve una lista y dura hasta el escrutinio. Un proyecto de país ordena alianzas capaces de sostener un gobierno. El justicialismo tiene que decir primero qué país quiere: con qué modelo productivo, qué lugar le da al trabajo y a la industria, cómo se inserta en la región. Con eso definido puede elegir socios y exigirles compromiso.
El antecedente que el peronismo no debería olvidar
Ese programa tiene que hacerse cargo de la macroeconomía, y el peronismo tiene en su propia historia la prueba de que orden fiscal y justicia social pueden ir juntos. Después del derrumbe de 2001, con Eduardo Duhalde y Roberto Lavagna primero y con Néstor Kirchner después, la Argentina salió de la crisis con las cuentas en orden: tipo de cambio competitivo, tasas bajas, disciplina fiscal y desendeudamiento.
Los números lo confirman. El superávit fiscal primario fue de 2,3% del PBI en 2003 y de 3,9% en 2004, y se mantuvo por encima del 3% hasta 2008. La balanza comercial dejó saldos a favor de 16.805 millones de dólares en 2003 y de 13.872 millones en 2006. Sobre esas bases, la economía creció a tasas cercanas al 9% anual entre 2003 y 2007, las reservas pasaron de 14.119 a 46.176 millones de dólares y la desocupación bajó de 17,3% a 8,5%. La inflación de 2003 fue de 3,7%.
Esos superávits hicieron posible el gesto de soberanía más recordado de la época. La política de desendeudamiento empezó en abril de 2002, con Lavagna en el Ministerio de Economía de Duhalde, y Kirchner la llevó a su punto más alto: en enero de 2006 canceló toda la deuda con el FMI, 9.810 millones de dólares, con reservas del Banco Central y sin pedir un dólar prestado. Kirchner lo explicó en términos de libertad para decidir la política económica sin condicionamientos externos. El dato tiene hoy una resonancia especial: dos días antes, Lula había anunciado que Brasil también adelantaba el pago de su deuda con el Fondo, 15.500 millones de dólares, y ambas decisiones se conversaron entre los presidentes del Mercosur. La coordinación regional dio resultados concretos.
La misma historia muestra el costo de abandonar esas bases. La inflación saltó al 12,3% en 2005 y, con los años, el país pasó de los superávits gemelos a un déficit fiscal de 3,8% del PBI y un déficit de cuenta corriente de 2,5% en 2015. Esa es la otra mitad de la lección. Con la inflación pierden primero los que viven de un salario. El déficit sin financiamiento termina en emisión o en deuda, y las dos cosas las paga el trabajador. Sin dólares de exportación, la restricción externa frena el crecimiento, como pasó tantas veces. Un peronismo que quiera volver a gobernar tiene que comprometerse con esos equilibrios con la misma firmeza con que defiende el empleo y la distribución del ingreso.
Las tres banderas, convertidas en metas
Soberanía política, independencia económica y justicia social siguen siendo las banderas del peronismo. El problema aparece cuando se las invoca como un recuerdo. Para que vuelvan a convencer, tienen que traducirse en metas concretas de crecimiento, producción y trabajo, con plazos y números que la sociedad pueda controlar.
La Argentina tiene con qué. Materias primas no le faltan: Vaca Muerta superó este año los 628.000 barriles diarios, el país está entre los principales productores de litio del mundo y su agro es de los más competitivos del planeta. Lo que falta es quedarse con una parte mayor del valor que esos recursos generan. Exportar carbonato de litio ya implica un proceso industrial, pero la cadena sigue con cátodos, celdas y baterías, y en el país hay experiencia para recorrerla: Y-TEC, la empresa tecnológica de YPF y el Conicet, ya fabrica material activo y celdas de litio-hierro-fosfato. Lo mismo vale para el petróleo y el gas, que pueden salir como crudo o transformarse acá en combustibles, petroquímica y fertilizantes, y para la producción agraria, que puede exportarse como grano o como alimento elaborado. Cada eslabón que se suma en el país es empleo industrial, salarios más altos y más dólares por tonelada exportada, que es justamente lo que necesita la balanza comercial.
El campo es el ejemplo más claro de lo que está en juego. En febrero de 2025, el decreto 133/2025 derogó la norma de 1973 que prohibía exportar ganado vacuno en pie con destino a faena. Para la cadena cárnica es un retroceso: cada animal que se va vivo en un barco es trabajo que se pierde en los frigoríficos, el transporte, las curtiembres y la industria de subproductos. Encima, cuando se tomó la medida la carne pagaba un derecho de exportación de 6,75% y el ganado en pie no pagaba nada, una señal que premia vender sin procesar. Los efectos empezaron a verse rápido: en el primer semestre de 2025 los embarques de hacienda en pie ya superaban en 55% a todo lo exportado en 2024, y la faena de febrero de 2026 fue la más baja desde 2017. Uruguay, que vende cientos de miles de vacunos vivos por año a Turquía y Medio Oriente, conoce el costo: sus frigoríficos tuvieron problemas para competir por la hacienda.
La comparación con lo que sí funciona es elocuente. En 2025, el complejo de carnes y cueros bovinos exportó un récord de 4.727 millones de dólares, y el 82% fueron carnes, es decir, animales faenados y procesados en el país. La soja muestra que la Argentina sabe industrializar: prácticamente toda la cosecha pasa por la molienda y sale como harina y aceite, con una capacidad instalada tan grande que permite importar poroto de Paraguay para procesarlo acá. Aun así, en la campaña 2024/25 se exportaron más de 12,5 millones de toneladas de poroto sin procesar, el volumen más alto en dieciséis años. El paso siguiente es convertir esa harina en carne de cerdo y de pollo, y ese aceite en biocombustibles. La política tributaria y comercial tiene que empujar en esa dirección, para que exportar con valor agregado convenga siempre más que exportar materia prima.
Esa estrategia productiva tiene que ir acompañada de una política de población. La Argentina no tiene un problema de superpoblación. Tiene 16,5 habitantes por kilómetro cuadrado, una densidad muy baja, y una distribución deformada: la Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del conurbano concentran el 30,4% de la población en el 0,13% del territorio, mientras que una quinta parte de la superficie del país está habitada por apenas el 3,7% de los argentinos.
Vaca Muerta muestra el problema y la oportunidad al mismo tiempo. Neuquén recibió en 2025 unas 21.000 personas llegadas de otras provincias, frente a 6.000 nacimientos. Añelo, la ciudad más cercana a los yacimientos, tiene hoy unos 12.000 habitantes, casi seis veces más que en 2010, y su intendente llegó a pedir que nadie se mude sin un empleo asegurado porque faltan viviendas, escuelas y hospitales. La gente va adonde está el trabajo; el que llega tarde es el Estado. Una política activa de radicación (vivienda, agua, energía, incentivos para que las empresas contraten y se instalen en las zonas de extracción, escuelas técnicas y universidades cerca de los yacimientos) permitiría que parte de la riqueza que sale de esas regiones se quede en ellas, y al mismo tiempo aliviaría la presión sobre un conurbano saturado.
Ahí están las tres banderas puestas a trabajar. Independencia económica es agregar valor a lo que el país produce. Soberanía política es poblar y desarrollar el territorio. Justicia social es que el trabajo que genera esa riqueza esté bien pago y al alcance de los argentinos de cada provincia.
Coherencia
Queda la cuestión ética. La sociedad le cobró al peronismo la distancia entre lo que decía y lo que hacía. Recuperar coherencia exige candidatos que puedan sostener lo que prometen, cuentas claras y una conducción que rinda cuentas. Sin eso, ningún programa resulta creíble.
Brasil mostró que una derrota se puede revertir cuando hay liderazgo, una idea clara de a quién se representa y voluntad de cambiar el método a tiempo. El peronismo tiene hasta 2027 para hacer lo mismo, y en su propia experiencia de 2002-2007 tiene la prueba de que se puede crecer, distribuir y pagar.
*El autor es abogado especializado en temáticas laborales y municipales y fue Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires 2007/2015
