La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) manifestó mediante un comunicado su preocupación por los proyectos del gobierno nacional de bajar la edad de imputabilidad penal a los 15 años, imputabilidad administrativa a cualquier edad, protección a funcionarios policiales que cometen delitos, discriminación y estigmatización de extranjeros.
Se trata, según el organismo, de una “profundización de las políticas de mano dura, son algunas de las acciones y anuncios del gobierno nacional en los últimos días. Se inicia así un año electoral proponiendo medidas poco serias, sesgadas, demagógicas y de escaso impacto en la lucha contra el delito pero de alta incidencia en el menoscabo de derechos”.
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En este sentido subrayan que “las políticas de mano dura impulsadas por el gobierno nacional y provincial provocaron la mayor crisis y colapso del sistema de encierro y graves violaciones de derechos humanos. Han profundizado la tortura y la muerte ejercida por el Estado sobre sectores vulnerables de nuestro país y han sido acompañadas por un notable ajuste en las políticas sociales de promoción y protección de derechos”.
Ante este cuadro de situación, desde la CPM expresaron su preocupación y rechazo por los anuncios del gobierno nacional que “profundizan políticas de seguridad orientadas hacia un mayor endurecimiento de la persecución penal como único recurso para garantizar la vida y la integridad de las personas”.
Sostienen, además: “Estas acciones carecen de sustento riguroso en datos o información fiable, no se piensan de manera integral a fin de resolver la cuestión de la seguridad y sólo pretenden achicar, enmarcar y condicionar la agenda política de cara a las elecciones. Constituyen una enorme irresponsabilidad institucional que profundiza graves violaciones de derechos humanos de las poblaciones más vulnerables sin resolver la situación que se pretende”.
También se refirieron al protocolo de Seguridad impulsado por la Ministra Patricia Bullrich, la llamada “doctrina Chocobar”, y al Programa Restituir que impulsa el reingreso a las fuerzas federales de agentes que cursaron procesos penales por violar los derechos humanos, todas medidas regresivas desde una perspectiva de derechos.
“Se siguen acrecentando los gastos en seguridad incorporando nuevas armas, como las pistolas Taser, que generan graves padecimientos que deben reconocerse como torturas. De manera irresponsable se afirma que su uso no es letal cuando se ha corroborado en distintos países que pueden ocasionar la muerte”, sostienen y detallan: “En un estudio realizado por Amnistía Internacional en 2007, se informa sobre 269 muertes —sólo en EEUU durante un periodo de seis años— ocasionadas por el uso de estas armas. En Canadá este estudio reflejó 15 muertes en 4 años”.
“El nuevo intento de bajar la edad de imputabilidad o punibilidad de los niños, niñas y adolescentes, que impulsan los ministerios de seguridad y justicia a nivel nacional”, señalan, “ va como contrapartida el cercenamiento de la financiación de las políticas de niñez expresadas en el presupuesto nacional 2019”.
“La profundización de esta orientación manodurista es pura demagogia punitiva, de claro tinte electoralista. Cuando insisten con profundizar la mano dura, el gobierno elude hacerse cargo de la crisis humanitaria que se vive en los lugares de encierro, tanto cárceles como en dependencias policiales, con niveles de hacinamiento y sobrepoblación que baten records históricos a nivel nacional y de manera brutal en la provincia de Buenos Aires”, concluyen.
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