La escena fue inusual por el volumen político del mensaje. La Suprema Corte no sólo presentó un proyecto de autarquía presupuestaria: también puso en agenda, con tono directo, un reclamo que llevaba años encapsulado en la interna judicial. La pregunta que sobrevuela desde entonces es si el máximo tribunal buscó apurar a la política —y a quién incomodó más— o si se trató, directamente, de un tirón de orejas institucional.
El dato que ordenó todo el discurso fue tan concreto como incómodo: la Corte funciona con tres de los siete miembros que debería tener. Lo dijo su presidente, Sergio Torres, al abrir el acto, y lo reforzó con números que funcionan como acusación implícita: más de 200 vacantes en todo el sistema y 152 incumplimientos del plazo constitucional que obliga al Ejecutivo a enviar pliegos al Senado. No alcanzaron los pliegos aprobados el año pasado, que fueron más de 300 para cargos en la Justicia bonaerense, lo jueces supremos fueron claro: quieren una Corte completa.
Ahí aparece el primer eje del mensaje: el reclamo no se dirige a un solo destinatario. El Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de proponer los nombres, pero la Legislatura —el Senado— debe prestar acuerdo. En ese esquema, la Corte distribuyó la presión en partes iguales, aunque con matices. Fuentes parlamentarias le aseguraron a INFOCIELO que “la bala llegó, no digo que entró, pero se hizo sentir”, a la vez que advirtió que “antes del mundial se van a discutir dos o tres nombres, luego de ese receso, se terminarán de cubrir todos los cargos, esperemos que antes de fin de año. La foto de ayer despertó a varios”, cerró el dirigente del conurbano que ocupa una banca y afirmó que “más por ahora no hay”.
Pero el legislador volvió sobre sus pasos para afirmar que “lo de la autarquía es totalmente imposible, no pasa ni loco. Es humo para negociar lo otro”, ahora sí, culminó su alocución no sin antes dejar dos sentencias sobre el asunto.
AUTARQUÍA: UN PEDIDO ESTRUCTURAL QUE TAMBIÉN INTERPELA AL EJECUTIVO
El señalamiento más directo recae sobre la administración de Axel Kicillof, por ser la puerta de entrada de los nombramientos. Pero el diagnóstico judicial también alcanza al Poder Legislativo, donde la parálisis política —con comisiones sin conformar y sin sesiones— bloquea cualquier posibilidad de avanzar. Aseguran que entre el 4 y 5 de mayo se anunciarán las comisiones. Es una promesa, una más.
El segundo eje del planteo fue el proyecto de autarquía, que busca que el Poder Judicial pueda elaborar y administrar su propio presupuesto, reduciendo su dependencia del Ejecutivo.
El texto enviado a la Legislatura propone un esquema donde la Corte diseña el presupuesto, lo remite a través del Ejecutivo y queda bajo control legislativo. También introduce cambios sensibles: desde la administración de recursos hasta la regulación de salarios, pasando por la participación en la renta de depósitos judiciales.
Haciendo un poroteo por los bloques, solo en La Libertad Avanza están medianamente convencidos de votarlo, los demás no. Salvo algún pensador libre radical, ese proyecto no pasa ni las comisiones, tal como está el panorama de acuerdos hoy. Es más, un libertario bonaerenses que “lo votaría para seguir la marea del partido, pero cuando seamos gobierno en la Provincia, porque vamos a ganarla en 2027, esto no nos conviene”, embiste más como oráculo que como legislador un diputado violeta.
Detrás de la técnica aparece el mensaje político: la dependencia presupuestaria condiciona la autonomía judicial. Y ese planteo, por definición, vuelve a poner el foco sobre el Ejecutivo, históricamente responsable de definir la política salarial del sector.
¿A QUIÉN INCOMODÓ MÁS EL MENSAJE?
Las primeras reacciones ayudan a medir el impacto. Desde la oposición, especialmente desde La Libertad Avanza, el diagnóstico de la Corte fue tomado como propio y rápidamente utilizado para cuestionar al gobernador.
Las críticas apuntaron con dureza al Ejecutivo —“no convoca a cubrir vacantes”— pero también a la Legislatura, señalando su inactividad. En ese sentido, la reacción política refuerza una lectura: la Corte logró instalar un problema que atraviesa a todo el sistema político, pero que expone con mayor nitidez al gobierno provincial.
Sin embargo, puertas adentro de la política bonaerense, el mensaje también golpea al oficialismo legislativo. La falta de acuerdos en el peronismo —con tensiones entre el axelismo y La Cámpora— aparece como una de las razones centrales por las que los pliegos no avanzarían. Es decir, aunque el Ejecutivo queda más expuesto, el cuello de botella también está en el Senado.
ENTRE EL EXHORTO INSTITUCIONAL Y LA PRESIÓN POLÍTICA
La forma del planteo evita los desbordes retóricos, pero el contenido deja poco margen para interpretaciones suaves. Cuando la Corte afirma que “postergar las designaciones es debilitar el sistema” o advierte que la falta de autarquía condiciona la independencia judicial, está fijando una posición política en sentido amplio.
¿Fue un mero tirón de orejas o una “gran cagada a pedos”? En términos formales, se trató de un exhorto institucional, respaldado por todo el arco judicial: magistrados, abogados, funcionarios y trabajadores. Pero por el contexto —una Corte incompleta, una Legislatura paralizada y un Ejecutivo sin definiciones— el mensaje adquiere otra densidad.
No hubo nombres propios en el centro del discurso, pero sí responsabilidades claras. La Corte habló con lenguaje técnico, pero con efectos políticos: puso plazos incumplidos sobre la mesa, exhibió la fragilidad del sistema y reclamó decisiones urgentes, que el poder político viene postergando por muchos años.
