En un contexto de creciente tensión institucional en la Provincia, la Suprema Corte decidió dar un paso que trasciende lo técnico y se mete de lleno en la disputa por el poder político y económico. El máximo tribunal no solo presentó un proyecto para avanzar hacia la autarquía económico-financiera del Poder Judicial, sino que además endureció su postura con un reclamo explícito por la cobertura de las vacantes que hoy afectan su funcionamiento.
El movimiento tiene una lectura política inevitable. En La Plata interpretan que la Corte dejó atrás la prudencia habitual y optó por llevar su planteo directamente al terreno del Ejecutivo y la Legislatura, en un momento atravesado por dificultades para construir acuerdos y con una interna oficialista que complica el funcionamiento parlamentario.
Fuentes legislativas aseguraron a INFOCIELO que “el movimiento se esperaba, es lógico en un año sin elecciones. El año que viene tendrán que atender otras cuestiones”, asegura este veterano dirigente que augura que “los cargos no creo que se cubran este año, casi somos mayo y ni las comisiones funcionan”, graficó.
UN PROYECTO “AMBICIOSO” QUE RECONFIGURA EL PODER
La iniciativa apunta a un cambio estructural: que el Poder Judicial deje de depender del Ejecutivo para la administración de sus recursos y pueda manejar su propio presupuesto. En términos concretos, implica que la Justicia pueda definir sus prioridades de gasto, ejecutar partidas y planificar su funcionamiento sin la intermediación del gobierno provincial.
Puertas adentro, incluso dentro del propio sistema judicial, la propuesta es leída como “muy ambiciosa”. No es para menos: de avanzar, modificaría uno de los equilibrios más sensibles del Estado bonaerense, donde históricamente el Ejecutivo concentra el control presupuestario.
La Suprema Corte, sin embargo, sostiene que se trata de una discusión de fondo. El argumento central es que la dependencia económica limita la autonomía judicial y que, sin una base financiera propia, la independencia queda condicionada.
“Sería un reacomodamiento muy importante, señalan desde un bloque opositor. Debemos verlo en detenimiento, pero no vemos mal que la Suprema Corte maneje los fondos destinados a su funcionamiento y no dependa del gobernador de turno”, indicó un senador opositor.
UN SISTEMA CONDICIONADO POR SU PROPIA ESTRUCTURA
El planteo también se apoya en un diagnóstico concreto sobre el funcionamiento actual del Poder Judicial. Según se expuso, la estructura presupuestaria presenta un nivel de rigidez muy alto: alrededor del 92% de los recursos se destina al pago de salarios, lo que deja un margen mínimo para inversión.
Ese dato no es menor. Explica por qué desde la Suprema Corte insisten en la necesidad de contar con herramientas propias para planificar a mediano y largo plazo, especialmente en áreas sensibles como infraestructura, tecnología o modernización del sistema.
En ese marco, la autarquía aparece no solo como un reclamo institucional, sino también como una respuesta a limitaciones operativas que impactan en el servicio de justicia.
VACANTES Y UN MENSAJE DIRECTO AL PODER POLÍTICO
El proyecto para manejar los fondos no llegó solo. La Suprema Corte lo acompañó con un reclamo que viene creciendo en intensidad: la cobertura de las vacantes en el máximo tribunal, que hoy funciona con una integración incompleta.
Durante una actividad institucional, la conducción del tribunal fue inusualmente explícita. Se advirtió que la Corte se encuentra “inéditamente desintegrada” y que esa situación afecta su capacidad de conducción y la legitimidad de sus decisiones. Deberían ser siete los miembros, pero funciona con solo tres teniendo que recurrir a conjueces.
El mensaje no dejó margen para interpretaciones. Desde el tribunal se planteó que la designación de nuevos integrantes no puede seguir postergándose y se exhortó tanto al Ejecutivo como al Senado a avanzar con los nombramientos.
La advertencia fue directa: una Corte incompleta debilita el sistema, mientras que su integración fortalece el Estado de Derecho. Desde el Senado no ven con claridad que este año se puedan conseguir los consensos para nombrar cuatro jueces en el supremo órgano de Justicia provincial. La mejor definición la brindó una senadora con amplio recorrido en la política del conurbano al sostener que “no podemos ponernos de acuerdo para nombrar las cabezas de las comisiones y quieren que nombremos jueces de la Suprema Corte, la verdad que algunos no cobran dimensión de lo grave que es la interna que estamos viviendo”, afirmó la legisladora que dejó una pesimista visión, no solo para cubrir cargos, sino también en el reacomodamiento del peronismo.
Las diferencias no son menores. En la discusión aparecen tanto los tiempos políticos como los equilibrios internos del oficialismo, donde la construcción de acuerdos se vuelve cada vez más compleja.
Tanto el proyecto de autarquía como la cobertura de vacantes desembocan en el mismo lugar: la Legislatura. Allí se jugará una parte central del desenlace.
El debate que se abre excede lo técnico. En el fondo, lo que está en discusión es cuánto poder está dispuesta a ceder la política al Poder Judicial y bajo qué condiciones.
Además, cualquier avance en la iniciativa requerirá acuerdos previos con el Ejecutivo, lo que anticipa un proceso de negociación cargado de tensiones. Tal como se vivió cada vez que el gobernador Axel Kicillof envió proyectos a la Legislatura.
