El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, encabezó este martes un acto institucional junto a sus pares Daniel Soria e Hilda Kogan, donde reclamó completar vacantes y presentó un proyecto de autarquía.
La actividad con la que el flamante titular del máximo tribunal buscó imponer su impronta de gestión contó además con la presencia del procurador general Julio Conte Grand y reunió a referentes del sistema judicial, entre ellos representantes del Colegio de la Magistratura, colegios de abogados y la Asociación Judicial Bonaerense.
En ese marco, Torres desplegó un discurso con dos ejes bien marcados: por un lado, un pedido enfático al Poder Ejecutivo y a la Legislatura para cubrir las vacantes judiciales; por otro, la presentación de una iniciativa para dotar al Poder Judicial de autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera.
El planteo se da en un contexto de funcionamiento incompleto del máximo tribunal y tras años de reclamos por la situación estructural del sistema judicial bonaerense
Durante su exposición, el titular de la Corte advirtió sobre las limitaciones operativas e institucionales que implica la falta de integración plena del tribunal, al tiempo que puso sobre la mesa la discusión por la independencia financiera del Poder Judicial.
Con respaldo explícito de distintos sectores del ámbito judicial, el acto funcionó también como señal política hacia los otros poderes del Estado, en un momento en el que se reabre el debate sobre el funcionamiento y la calidad institucional en la provincia.
Vacantes: una Corte incompleta y un reclamo al poder político
Torres fue contundente al describir la situación actual del máximo tribunal: señaló que hoy está integrado por tres ministros cuando debería contar con siete, lo que calificó como una situación “inédita” de desintegración.
“Los ministros que presiden este acto somos tres cuando deberíamos ser siete, este tribunal se encuentra inéditamente desintegrado” advirtió en el inicio de su exposición.
En ese sentido, recordó que durante décadas la Corte funcionó con siete miembros, bajo una “concepción equilibrada” que —remarcó— debería respetarse para garantizar un adecuado servicio de justicia.
El presidente del tribunal sostuvo que la cobertura de vacantes no es un tema administrativo, sino una “condición institucional básica” para asegurar el gobierno del Poder Judicial, la planificación estratégica y el ejercicio pleno de sus competencias.
Además, advirtió que el problema no se limita a la Corte sino que atraviesa a todo el sistema judicial. En ese punto, recordó que tiempo atrás las vacantes llegaron a un pico cercano a las 700, aunque destacó que en 2025 se concretaron 412 designaciones a partir del trabajo conjunto entre el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura.
No obstante, señaló que aún restan más de 200 cargos por cubrir y expresó su expectativa de que en 2026 se mantenga el ritmo de designaciones.
Torres también apuntó contra el incumplimiento de los plazos constitucionales: indicó que la Constitución establece un límite de 15 días para elevar propuestas ante vacantes, incluso con convocatoria a sesiones extraordinarias si fuera necesario, pero denunció que ese mandato fue desoído de manera sistemática, acumulando más de 150 incumplimientos.
Según explicó, la falta de integración genera mayores dificultades para alcanzar acuerdos —que requieren cuatro votos—, incrementa la dependencia de tribunales inferiores y provoca demoras en las decisiones.
“La cobertura de cargos en el máximo tribunal no puede ser una cuestión diferible”, afirmó, y advirtió que una Corte incompleta debilita el sistema institucional, mientras que una plenamente integrada fortalece el Estado de derecho.
En ese marco, la Corte exhortó tanto al Poder Ejecutivo como a la Legislatura a avanzar de manera urgente en la designación de los ministros faltantes.
Autarquía: el proyecto para reforzar la independencia judicial
En la segunda parte de su discurso, Torres presentó un proyecto de ley para otorgar autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera al Poder Judicial bonaerense.
La iniciativa —según destacó— surge de un consenso amplio que incluye a la Corte, la Procuración General, el Colegio de Magistrados, la Asociación Judicial Bonaerense y los colegios de abogados, lo que representa “más de cien mil voluntades” dijo.
El magistrado subrayó que no se trata de una demanda sectorial sino de una “necesidad institucional impostergable”, directamente vinculada con el principio de división de poderes.
En ese sentido, advirtió que un Poder Judicial que depende de otro poder para definir su presupuesto, su política salarial o sus inversiones ve condicionada su capacidad de actuar con imparcialidad.
Torres también puso números sobre la mesa: indicó que el presupuesto judicial representa entre el 3,5% y el 4,5% del gasto total provincial y que, además, el 92% de esos recursos se destina al pago de salarios, lo que deja escaso margen para inversión en infraestructura o modernización.
A eso sumó la brecha salarial con la Justicia nacional, que —según precisó— supera en promedio el 50%, como reflejo de una diferencia estructural en materia de autonomía financiera.
El proyecto propone que el Poder Judicial elabore su propio presupuesto, en diálogo con el Ejecutivo y bajo control legislativo, pero con capacidad real de planificación.
Asimismo, incorpora una ley marco de negociación colectiva para los trabajadores judiciales, con el objetivo de establecer reglas claras y fortalecer la gobernabilidad del sistema.
Torres sostuvo que la autarquía no debe ser entendida como un privilegio corporativo, sino como una herramienta para mejorar la calidad institucional, garantizar la independencia judicial y ofrecer un servicio de justicia más eficiente.
“Este momento exige definiciones”, planteó, y pidió a la Legislatura que acompañe la iniciativa como una “decisión de Estado”, en un contexto donde —según remarcó— la discusión ya no puede seguir postergándose por razones coyunturales o electorales.
