En medio de la creciente preocupación por las amenazas de violencia en escuelas de la provincia de Buenos Aires, el senador Marcelo Leguizamón impulsó un pedido de informes para que el Ejecutivo brinde detalles sobre las acciones implementadas ante esta situación.
La iniciativa surge luego de que se registraran más de mil denuncias vinculadas a amenazas de tiroteo, mensajes intimidatorios y episodios alarmantes en distintos establecimientos educativos durante los últimos días. En ese marco, el legislador reclama conocer si existe un protocolo específico para este tipo de acontecimientos, cómo se activa y qué organismos intervienen en su aplicación.
El pedido apunta también a obtener información sobre las medidas concretas que se llevaron adelante para prevenir riesgos y garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo. En particular, solicita precisiones sobre la coordinación entre las áreas de Educación, Seguridad, Salud y Justicia.
Además, Leguizamón busca conocer detalles sobre los sistemas de alerta temprana, las capacitaciones realizadas, los criterios de comunicación con las familias y las acciones especiales dispuestas en los distritos más afectados por estas amenazas.
“Cuando está en juego la seguridad de la comunidad educativa, no puede haber respuestas improvisadas ni información fragmentada. El Estado debe dar certezas, prevención y protocolos claros”, sostuvo el senador.
La propuesta pone el foco en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, garantizar transparencia en la información y avanzar en una respuesta estatal articulada frente a una problemática que genera fuerte preocupación social y demanda un abordaje urgente.
LA PROVINCIA DETALLÓ CÓMO ACTUAR ANTE AMENAZAS EN LAS AULAS
La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense difundió un comunicado oficial con pautas para actuar frente a amenazas de tiroteos y episodios de violencia en escuelas, en un contexto de fuerte preocupación tras la proliferación de mensajes intimidatorios en distintos distritos. Según explicaron, muchas de estas amenazas circulan por redes sociales y no deben tomarse como “bromas”, ya que se trata de conductas graves que pueden derivar en intervenciones judiciales.
El documento también advierte sobre la existencia de comunidades digitales que promueven o replican este tipo de acciones, por lo que las situaciones están siendo monitoreadas en articulación entre el sistema educativo, Seguridad y Justicia. En paralelo, se reforzó el trabajo con inspectoras e inspectores regionales para unificar criterios de intervención y coordinar respuestas en cada territorio.
Entre las principales recomendaciones, se indica dar aviso inmediato ante situaciones sospechosas, evitar la viralización de mensajes intimidatorios y activar los protocolos institucionales existentes, que incluyen la intervención de equipos de orientación y la articulación con la Justicia si corresponde. Además, se promueve generar espacios de diálogo entre escuelas, estudiantes y familias para fortalecer la convivencia y contener a la comunidad educativa.
