Lo que comenzó como un “reto viral” en las aulas de la región se ha transformado en una alarma de preocupación para familias, docentes, directivos y alumnos. Al respecto, Martín Slobodian, secretario de Seguridad de Ensenada, diálogo con el programa “Todo no se puede” de La Cielo FM 103.5. Su mirada es tajante sobre el cambio de paradigma, “la intimidación pública, sea real o ficticia, es un delito”. Bajo un nuevo protocolo que califica de “brillante”, el funcionario advierte que las consecuencias ya no se agotan en un reto pedagógico, sino que escalan a causas penales y demandas civiles contra los padres.
El detonante fue una ola de amenazas y situaciones de alarma que paralizaron escuelas. En Ensenada, el municipio ya intervino en seis hechos recientes. Uno de ellos ilustra el nivel de tensión un niño de 13 años ingresó con una réplica. “Llevó una pistola de juguete a la escuela y tuvimos que salir todos corriendo, generó una alarma importante donde tuvimos que movilizar todo”, relató Slobodian sobre la urgencia del despliegue.
Un protocolo de “6 horas” y celulares secuestrados
La articulación entre el Ministerio de Seguridad y la fiscalía a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta ha impuesto una velocidad inédita a las investigaciones. Una vez detectada la amenaza, ya sea por denuncia o de oficio a través de redes sociales, se inicia una causa penal y la comunicación con el fiscal es inmediata.
“En el término de 6 horas se deberán practicar todas las pericias que se consideren idóneas”, explica el secretario, detallando que esto incluye desde recolección de imágenes de video hasta “secuestros de objetos y dispositivos tecnológicos, y hasta requisas personales” a los propios alumnos. La diferencia con el abordaje escolar es marcada: mientras educación mantenía una “visión un poco más pedagógica”, el área de seguridad impuso la realidad del Código Penal, que establece penas de 2 a 6 años de prisión por intimidación pública.
El bolsillo de los padres, el nuevo objetivo
Quizás el punto más disruptivo del plan es el que busca atacar el costo económico que estas “bromas” generan al erario público. Slobodian señala que, ante cada amenaza, el despliegue de patrulleros y especialistas vacía de seguridad otras zonas, “en cada escuela tenían un patrullero, no había prácticamente seguridad en La Plata por esto”.
Para frenar esta sangría, el protocolo habilita al Fiscal de Estado a iniciar acciones civiles para que los responsables paguen por los perjuicios patrimoniales ocasionados. “El Estado provincial va a ir contra las familias en el caso que sean menores para que paguen”, sentenció el funcionario, aclarando que la reparación será económica o social.
Prevención y ciberpatrullaje
Aunque el protocolo actúa sobre el hecho consumado, la inteligencia previa es clave. Slobodian destacó que mediante el “ciberpatrullaje” se han detectado casos graves, como un joven en el Conurbano que “estaba preparando realmente una masacre con un suicidio al final”.
El mensaje final para la comunidad educativa es de alerta máxima. Mientras se suceden los allanamientos y se identifican autores de hechos de la semana pasada, el secretario de Seguridad espera que la difusión de estas medidas sirva de freno “cuando entiendan que no es un chiste y que ya tiene este tipo de consecuencia, la van a pensar dos veces”, afirmó, instando a los padres a “registrar algo más de sus hijos” para evitar que una “jodita” termine en una demanda millonaria o una causa penal.
