Un funcionario de Seguridad de Axel Kicillof decidió hacer pública la preocupación de los cuerpos de Bomberos y de Defensa Civil, ante una posible reducción en los presupuestos para el combate de siniestros y desastres ambientales.
Fabián García, actual titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires anticipó que las reiteradas declaraciones de reducción de los presupuestos públicos han puesto “en alerta roja” al sistema de protección civil del país.
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En un extenso documento con el que trazó el panorama del sector, señaló que las organizaciones de atención de la emergencia y los desastres “están sostenidas principalmente por presupuestos estatales y son parte esencial del sistema público de seguridad”.
Los números de la protección civil y la ausencia del sector privado
Según expresó Fabián García, en la Argentina “la seguridad siniestral se sostiene principalmente por el sistema de bomberos voluntarios conformado por más de mil asociaciones civiles (1040 exactamente) que reciben del gobierno nacional un subsidio anual producto de la contribución obligatoria del cinco por mil (5‰) de las primas de seguros”
El monto recibido es el mismo para todas las asociaciones de bomberos del país. “Para algunas de ellas es un aporte muy importante y para otras es solo una pequeña ayuda para costear los gastos operativos básicos. La diferencia radica en que hay cuarteles de bomberos muy pequeños en localidades poco pobladas y cuarteles que atienden la seguridad de ciento de miles de habitantes (o millones como los Bomberos Voluntarios de La Matanza en Buenos Aires, la asociación de bomberos más grande de iberoamérica)” precisó.
Y advierte: “las fuentes de financiamiento del sistema de bomberos voluntarios son diversas y tienen dos pilares fundamentales, el aporte estatal y el aporte de la comunidad. No existe o es insignificante el aporte del capital privado al sistema.”
En el caso de la provincia de Buenos Aires, la gestión del gobernador Axel Kicillof actualizó “el monto del subsidio de la ley 14.761 en 150% en el año 2021 (Ley que la ex gobernadora Vidal demoró en reglamentar 4 años)” y en segundo lugar “realizando una inversión sin precedentes en la historia nacional en equipamiento para el combate de incendios forestales y grandes emergencias” expresó el titular de Defensa Civil.
“Se destaca la adquisición y equipamiento de 10 helicópteros para emergencias, lo cual significa que hoy Buenos Aires es la provincia más equipada y mejor preparada para afrontar este tipo de eventos en todo el país, incluso superando en capacidad operativa concreta a muchos países de la región” precisó.
Además destaca que luego de 27 años sin ingresos masivos “se abrió una sede especial de la Escuela Juan Vucetich en el partido de Rojas donde se formaron y egresaron 130 nuevos oficiales que ya cumplen funciones en la Superintendencia de Seguridad Siniestral”
La Superintendencia de Seguridad Siniestral de la Provincia de Buenos Aires está conformada por 1.300 profesionales que cumplen tareas en cuarteles de Bomberos de Policía en grandes ciudades como La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Junín y San Nicolás. De esa estructura también depende la Policía Ecológica (de un rol fundamental durante la pandemia Covid19), la Dirección de Rescate y la Dirección de Explosivos. Todo este conjunto de personal y materiales es sustentado por presupuesto público provincial.
“Como vemos, el estado es el sostén del funcionamiento del sistema. No imaginamos, ni encontramos experiencias, dónde el interés privado pueda sostener la actividad de respuesta a las emergencias y los desastres” advierte Fabían García.
Dos preocupaciones ante el efecto “motosierra” de Javier Milei
La primera de las preocupaciones se centra en “los elevados costos de funcionamiento que tienen las actividades antisiniestrales”
“A los gastos más comunes de funcionamiento que son ya muy elevados y conocidos por todos, como puede ser reemplazar la cubierta de un camión de gran porte, o la batería de un autobomba o reponer el combustible consumido en un incendio, debemos sumarle el equipamiento específico que en la mayoría de las veces se trata de equipamiento importado de precios muy elevados. Bajar la calidad de ese equipamiento o postergar su reemplazo significa poner en peligro la vida de un bombero o un rescatista” afirman desde Defensa Civil
El segundo factor es el contexto ambiental. “Aunque el presidente electo niegue lo evidente, el cambio climático y sus impactos son una realidad cotidiana. Adaptarnos al cambio climático significa, entre otras cosas, fortalecer y profesionalizar los sistemas de emergencias y prevención de desastres. Con mayor frecuencia nos enfrentamos a incendios forestales de comportamientos extremos o a grandes lluvias y tormentas que se alternan con períodos de sequías prolongadas. Hoy el peor pronóstico es anunciado por las nuevas autoridades del país” alega.
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“Ajuste y desinversión estatal significa años en retroceso de la capacidad de adaptación al cambio climático para nuestro país. Los nuevos escenarios deben ser atendidos por profesionales mejor preparados y más equipados. La vida de millones de personas depende del éxito de esos equipos” sentencia.
“Es necesario que las nuevas autoridades nacionales tomen nota del daño que puede ocasionar el desfinanciamiento del sistema o de recortar los recursos que las provincias necesitan para sostener la actividad en sus jurisdicciones. No hay en el campo de la seguridad siniestral y la emergencia lugar para el ajuste” concluye el titular bonaerense de Defensa Civil.
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