Una nueva denuncia por espionaje durante la gestión de Cambiemos tomó relevancia pública en las últimas horas, esta vez por una presentación radicada en la Justicia Federal por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra su extitular, Vicente Luis Magnaterra.
El actual presidente del organismo, Carlos Castagneto, señaló que se pidió investigar supuestos ingresos ilegales a 35.439 cuentas de dirigentes políticos, artistas, deportistas, jueces, fiscales y periodistas.
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“A través de una auditoría se han detectado que hubo el ingreso a cuentas sin motivo alguno de dirigentes políticos del Frente de Todos y Juntos para el Cambio, de jueces, fiscales, empresarios, deportistas, figuras de los medios, artistas y periodistas”, contó Castagneto en declaraciones a Radio 10.
En ese punto, agregó que “un funcionario de la auditoría del Gobierno de Macri hizo uso indebido, ingresó a estas cuentas, vaya a saber por qué. Siempre hay empleados infieles, y en el gobierno anterior, como modus operandi, se ha utilizado este mecanismo”.
Sobre Magnaterra recalló la acusación de haber realizado 56.864 consultas en los sistemas internos del organismo, de las cuales el 62,32 por ciento no tenían justificativo alguno, según la presentación a la que tuvo acceso Télam y que quedó radicada en el juzgado de Julián Ercoloni.
Luego de calificar la situación como “gravísima”, Castagneto sostuvo que desde el organismo “tenemos mucha base de datos y tenemos mucha información” y marcó que “por eso no puedo entrar a la cuenta de alguien a ver qué hace, que si comió o no comió, si viajó, no viajó”.
“Entraron a las cuentas de 35.439 personas que no tenían que ingresar a ver qué hacía cada uno y a ver después que le decían cuando hablan mal de ellos, ya que tenían toda la información”, señaló.
El funcionario marcó como una “tranquilidad” que ni el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta ni nigún otro funcionario del Gabinete “a nosotros nos está pidiendo que veamos nada en especial”, sino que, por el contrario “nos está diciendo que trabajemos con la seriedad, la responsabilidad. Por ende, no haría otra cosa que ser así”, concluyó.
Además de Magnaterra, se solicita investigar “a toda otra persona que como consecuencia de las actuaciones, resultare autor, coautor, cómplice, instigador o encubridor” de lo denunciado debido a que el organismo considera que es materialmente imposible que una sola persona haya podido realizar todos esos ingresos.
En la presentación se remarca también que los funcionarios de la AFIP no pueden indagar en la vida de los ciudadanos sin una razón justificada y se considera, por otra parte, que las acciones investigadas también “agravian directamente a la administración pública” debido a que habrían sido realizadas “en el ámbito del organismo con la utilización de sus sistemas informáticos y bienes”.
Los datos arrojados indican que las 60.000 consultas realizadas por Magnaterra corresponden al periodo comprendido desde el “01/01/2017 al 24/10/2019, cuando el denunciado, que sigue siendo empleado del organismo, se desempeñó como supervisor en el Departamento de Riesgos, Planificación y Control de Auditoría Interna durante la gestión de Leandro Cuccioli en la AFIP”, precisó luego el organismo en un comunicado.
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