Este miércoles, como viene sucediendo hace años, jubilados autoconvocados marchan al Congreso de la Nación para reclamar un aumento de sus haberes. Hoy van a contar con el apoyo de la CGT, las dos CTA y de los movimientos sociales nucleados en la UTEP, entre otras organizaciones, por lo que se espera que la movilización sea masiva. Vuelve a calentarse la calle.
Se trata de la primera gran protesta contra el gobierno de Javier Milei tras algunos meses de calma. “Al gobierno se le terminó el veranito mundialista y los trabajadores vamos a profundizar nuestro plan de acción“, avisó ayer Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE, uno de los sindicatos que participan de la convocatoria de este miércoles.
Las principales centrales obreras del país vienen trabajando en un plan de lucha conjunto que ya tiene varias jornadas confirmadas. A la de hoy hay que sumarle la del 7 de agosto, a propósito del día de San Cayetano, la lucha por el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, y un posible paro general que podría ser en octubre.
Volviendo a la jornada de hoy, la convocatoria está hecha para las 3 de la tarde y se espera que genere complicaciones en el tránsito en toda la zona aledaña al Congreso. Los gremios van a concentrar frente al Palacio Legislativo para reclamar una recomposición de las jubilaciones y defender el sistema previsional. “La seguridad social es un derecho”, aseguraron desde la CGT.
Hay plata para (reprimir) jubilados
Como se dijo, jubilados autoconvocados marchan al Congreso todos los miércoles para pedir un aumento de sus prestaciones. Actualmente, la mínima es de 411989,33 pesos y se actualiza mensualmente en función de la inflación pasada. Lo que no se actualiza es el bono extraordinario previsional que la administración libertaria otorga todos los meses desde marzo de 2024. Al día de hoy sigue siendo de $70000 a pesar de que la inflación acumulada desde aquel entonces hasta junio es del 145,05%.
A lo largo de estos meses, el gobierno nacional rechazó la posibilidad de recomponer esos montos, pero también frenó una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que había aprobado el Congreso. Su intención, como en todas las áreas, es contener el gasto para tener superávit fiscal.
Para colmo, lo que la ANSES intentó ahorrar se lo gastó el Ministerio de Seguridad. Según un pedido de acceso a la información pública presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la cartera de Alejandra Monteoliva destinó “más de dos mil millones de pesos en movilizar 43 mil efectivos de fuerzas federales” a lo largo de 2025 para los operativos vinculados a las protestas de los miércoles. Ese monto equivale a más de 5500 jubilaciones mínimas.
