En medio de la crisis del agua que se vio magnificada por la irrupción de la pandemia del coronavirus, se conoció el resultado de la primera etapa de auditoría del último año de gestión de María Eugenia Vidal en la Provincia que puso de manifiesto un sinnúmero de irregularidades, deudas millonarias, falta de presupuesto y con una priorización de los gastos alarmante que coinciden con un deterioro del servicio.
En este marco, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, como representante del Gobierno de la Provincia, tenedor mayoritario de las acciones de la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), decidió desaprobar el ejercicio correspondiente al año 2019.
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El año pasado a la compañía la presidía Raffaelle Sardella, quien integró el Grupo Macri desde 1994 y se convirtió en el hombre de confianza del ex mandatario nacional. Estuvo bajo la lupa por los tarifazos aplicados durante los cuatro años que Vidal gobernó la provincia, y el considerable deterioro del servicio que hoy se traduce no sólo en baja presión, sino en falta de agua y cloacas en zonas vulnerables y en plena pandemia mundial.
En el informe se cuestiona su labor. “Resulta inexplicable que el Sr. Sardella ejerciera la titularidad de ABSA y haya mantenido su puesto jerárquico en el Grupo SOCMA (vinculado al ex Presidente Macri)”, versa el informe de los primeros 90 días de auditoría, que agrega: “Se observa una incompatibilidad manifiesta en el desempeño de ambas tareas en simultáneo, al existir un evidente conflicto de intereses”.
El Ministro de Infraestructura, Agustín Simone, determinó un sinnúmero de situaciones controversiales e irregularidades, como así también una deuda con proveedores y contratistas superior a los mil millones de pesos.
“En este contexto, no sólo no podemos aprobar un ejercicio en este estado, sino que, además, lo analizaremos en profundidad porque no descartamos presentarnos como querellantes en la Justicia”, afirmó Simone.
Asimismo, se destacó la crítica situación que atraviesan varios municipios del interior de la Provincia que “tienen colapsadas las redes de agua y de cloacas, y las plantas depuradoras no tienen capacidad de tratamiento. Todos los intendentes coinciden en que en los últimos cuatro años se deterioró mucho el servicio de ABSA. Y encima, dejaron una deuda millonaria”.
En el escrito, queda evidenciado que ABSA se encuentra en una situación “muy difícil, con falta de presupuesto y con una priorización de los gastos muy cuestionable”.
El eje de las conclusiones no gira sólo al rol controversial de Sardella, sino que hace principal hincapié en la deuda detectada hasta el momento: “más de mil millones de pesos con proveedores y contratistas”. Hasta el momento, porque aun no se puede registrar aún una cifra definitiva debido a certificados que todavía terceros pueden presentar.
Según el informe oficial, “la situación de virtual cesación de pagos obligó a instrumentar medidas urgentes para evitar poner en jaque el funcionamiento básico como la compra de cloro y potabilizantes, debido al caos operativo imperante, a partir de un servicio con severas deficiencias en su infraestructura”. En este sentido, rescata que “fueron los trabajadores los que dieron la cara y sostuvieron con su esfuerzo y dedicación la operatoria”.
Por otro lado, la concentración de los recursos económicos sólo en tres obras: la Construcción de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Primera Cuenca-Bahía Blanca; la Construcción de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de General Rodríguez; y la Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Donato Gerardi de Punta Lara. Para ello, la empresa invirtió 3.656 millones de pesos + IVA.
¿De dónde salieron los fondos? De un incremento tarifario autorizado por la ex gobernadora a principios de 2016. “No obstante, el Decreto 517/02 (de creación de ABSA) señala que: El resultante del cobro de la factura debe destinarse a la operación y al mantenimiento del servicio, mientras que el accionista mayoritario debe encargarse de los aportes para las obras de envergadura. De acuerdo a la norma, se observa que los montos invertidos demuestran el incumplimiento de la misma además de existir un alto grado de irresponsabilidad institucional al descuidar en paralelo, labores esenciales que provocaron el deterioro de la infraestructura y puso en riesgo la salud de la población servida”, aclara el informe.
Por otro lado, existieron incumplimientos del marco regulatorio como en el caso del convenio firmado con la empresa VEOLIA para la “rehabilitación de las instalaciones” de la Planta Potabilizadora Donato Gerardi de Punta Lara.
Aquel acuerdo se trató de un “subcontrato donde esa compañía le cobraba a ABSA el agua que potabilizaba. El mismo tuvo vigencia desde inicios de 2017 a fines de 2019, pero aún rige un periodo de garantía que vence el 31 de mayo próximo”.
Por último, se expone por qué se tomó la decisión de desvincular a quien fuera el Director de Ingeniería, Producción, Obras y Mantenimiento de la gestión anterior, Alfredo Hatfield.
“Ejercía el cargo sin siquiera contar con título profesional, le provocó enormes pérdidas a la empresa bajo su responsabilidad, debido a su falta de idoneidad, serias fallas en el diseño de los proyectos, la falta de inspección e inexplicables decisiones”, se detalla. Lo que se tradujo en la afectación de la obra del Acueducto Norte, que debía llevar agua a Villa Castells y Gonnet, y acumula 80 roturas a un año de su inauguración.
En este caso en particular del Acueducto Norte, la auditoría estima que la inversión global actualizada en los pagos realizados a UTE-CONINSA-CAROLEO (más materiales adquiridos por ABSA) fue de 250 millones de pesos
Además, la Planta de Ósmosis Inversa de Pehuajó fue contratada antes de conocerse la calidad de agua existente a tratar. “Los valores resultaron mucho peores de los previstos, lo que provocó que su producción sea mínima, lejos de lo estipulado e imposible de justificar su inversión”, arroja el estudio, por lo que “aún no se puede precisar el monto final”.
Y, por último, la Usina “Bosque”, que bombea agua al casco urbano de La Plata, tuvo seis cortes en el primer trimestre del año. Funcionaba a menos del 50% de su capacidad con el abastecimiento seriamente comprometido y al borde de una crisis sanitaria. Tal como consignó este portal, la nueva gestión de ABSA que encabeza Germán Ciucci, avanza con el reacondicionamiento total de la Usina Bosque para dotar a la comunidad de una mayor previsibilidad en la operación del servicio.
Por último, un listado exorbitante de gastos sin justificación: un alquiler por 40 millones de pesos anuales del edificio central de la empresa; la inversión que aún no se pudo precisar en cifras del equipamiento de ese edificio; el alquiler de una oficina en Esmeralda y Paraguay (CABA) por $556.380, de uso exclusivo del ex presidente (más la compra de un mobiliario en el que aún no se pudo precisar la cifra); la adquisición en moneda extranjera de muebles (marca Herman Miller) para el sector de Presidencia por 12.555 dólares; también en moneda extranjera fue la adquisición de un sistema informático con obligaciones futuras de cargos en dólares por mantenimiento y licencias (aún no se puedo establecer el monto total de la operación); y la compra de los siguientes vehículos para uso de Presidencia: una Camioneta TOYOTA SW4 4×4 SRX 2.8 TDI 6A/T Modelo 2016, a Kansai Concesionario Toyota, en $3.251.200.-; una Camioneta AMAROK 2.0 TDI 180 CV 4×4 HIGHLINE Modelo 2016, a la concesionaria Dietrich, en $1.864.004.-; y tres Camionetas Chery Tiggo 2.0 CONFORT, compradas a CHERY SOCMA, en $550.000 cada una, total $1.650.000.-
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